Para qué reformar las pensiones

La semana anterior el gobierno anunciaba que hay una propuesta de reforma de pensiones ya en discusión, la que apunta a un sistema “mixto”.
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Esto probablemente no sería más que la coexistencia de sistemas paralelos a los que cada persona aportaría y de los que esperaría beneficios. No sabemos los detalles de esa propuesta, por ejemplo, si aumentarían las cotizaciones o si cambiarían las fórmulas de beneficios.

Ya era hora de que los gobernantes se convencieran de la necesidad de una reforma. Esperamos que aliviar la presión fiscal sin tomar en cuenta los objetivos y principios de la seguridad social no sea lo único que busquen con el cambio de sistema.

Una seguridad social adecuada debe garantizar a toda la población, de manera financieramente sostenible, una pensión suficiente para su retiro. Hay además un acuerdo en que la pensión sea proporcional a los aportes, y que exista un piso para que aquellos que cotizaron poco no caigan en la pobreza cuando se retiren.

Por desgracia, en El Salvador, la formalidad laboral es baja y por tanto, cualquier sistema contributivo de pensiones va a cubrir a pocas personas. Ninguna reforma puntual del sistema de pensiones cambiará este hecho. Solo queda la alternativa de las pensiones asistenciales, financiadas con impuestos pagados por todos.

Para los empleados formales, que contribuyen 13 % del salario mes a mes, debería sin embargo existir una expectativa de un retiro adecuado. Actualmente, invertir en la cuenta de pensiones es peor negocio que ahorrar a plazo fijo. Así, no hay posibilidad de una pensión digna. En buena medida esto se debe a un impuesto encubierto: para pagar las pensiones de los jubilados del viejo sistema público, nuestros fondos están invertidos en deuda de baja rentabilidad. Este problema es grave y hace que perdamos el objetivo de la suficiencia de la pensión.

El problema más urgente para el Gobierno es la obligación de pagarles las pensiones a los jubilados del antiguo régimen. Esta deuda del Estado, asumida en la reforma implantada en 1998 y aumentada en decretos sucesivos, llegaría a $21 mil millones en total, a pagarse durante las próximas décadas. Para aliviar temporalmente la presión sobre las finanzas públicas, en 2006 se creó el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales, dando un respiro (pero no una solución) al problema fiscal de las pensiones.

El riesgo que corremos ahora es el de que una nueva reforma haga más de lo mismo, retrasando el pago de las obligaciones del Estado y quitando otra tajada a los ahorros de los cotizantes actuales. Esto pasaría con una vuelta total o parcial al sistema de reparto (el sistema “mixto” del que habla el Gobierno), donde a cambio de no seguir emitiendo deuda y poder usar los fondos de las cotizaciones actuales, el Gobierno se comprometería a gastar todavía más en el futuro para poder pagar las pensiones de los actuales cotizantes. Estimaciones sugieren que en el largo plazo, volver al viejo sistema le implicaría al Gobierno asumir una deuda implícita de hasta $40 mil millones.

Sea cual sea el sistema que se adopte, hay que reconocer que la deuda del sistema anterior está ahí, imposible taparla. Y eso nos deja tres caminos: pagarla con recursos fiscales, expropiar los recursos de los cotizantes actuales o abandonar a los pensionados. O combinar un poco de cada cosa. Lo que no se debe hacer es mentir diciendo que se pagarán las pensiones sin confiscar a los cotizantes actuales y sin usar dinero de impuestos.

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