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Para recuperar la confianza ciudadana es absolutamente indispensable dar pruebas de responsabilidad

Para que haya sanidad institucional y viabilidad social es inexcusable poner en práctica la doctrina del buen desempeño público, que va de la mano con el buen desempeño privado.

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La ciudadanía es, sin duda, el componente activo principal en todos los aconteceres que proliferan en el ambiente. Y se trata, por supuesto, de un componente regido por la voluntad en sus más diversas expresiones. Si algo entonces ha sido deformador al máximo es el sometimiento artificioso y opresivo en el que se ha mantenido la voluntad ciudadana durante un prolongadísimo período de nuestra evolución nacional, lo que ha imposibilitado que dicha voluntad se imponga como debe ser, precisamente por ese aprisionamiento tan negativo y negador. La política es el factor más determinante al respecto, y por eso se ha vuelto necesario al máximo que, sin ninguna excusa retrasadora, se vayan removiendo los atascamientos políticos de toda índole para que la realidad pueda abrirse a una nueva movilidad de modernización, que ponga al día todos los recursos que nutren y sostienen nuestra democracia.

Lo que sí es patente, y principalmente las fuerzas políticas tendrían que reconocerlo y asumirlo así, es que ya no hay ninguna forma de que las palabras, las declaraciones y los efectos discursivos puedan servir de manera eficaz para que la ciudadanía pueda sentirse motivada a confiar en aquéllos que legal e institucionalmente la representan. Lo que está en juego, entonces, no es la credibilidad pasajera, sino la confianza de fondo, que es la que le da al sistema los basamentos insustituibles para que pueda desempeñarse como tal en todos los ámbitos donde deben manifestarse sus expresiones propias.

Ante la rampante pérdida de confianza que se fue acumulando en el ánimo de la ciudadanía en el transcurso de los períodos presidenciales anteriores, y especialmente en las dos décadas precedentes, lo que hoy se hace imperioso es hacer demostraciones verificables de que el sistema puede funcionar sobre la base del cumplimiento de sus obligaciones por parte de aquéllos que tienen el encargo concreto de dirigir los procesos públicos en todas sus expresiones. Aquí surgen, entonces, como requisitos básicos, el estricto apego a la probidad, la demostración de capacidad suficiente para todo aquello que se gestiona y el respeto irrestricto a la ciudadanía, sus derechos y sus aspiraciones.

Todo lo anterior conduce a que se pongan en primer plano la sensatez del desempeño y la madurez de la acción. Y, por efecto inmediato, hay que medir todas estas condiciones a la hora de escoger candidatos para los diversos cargos públicos, sean por nombramiento o por elección. Por malsana tradición, esto no se ha venido haciendo en la forma debida, y las consecuencias de tal descuido voluntario las tenemos constantemente ante nosotros. Ejemplos vivos de ello son los destapes de la corrupción y las revelaciones de la impunidad, que continúan saliendo a la luz por efecto de los apremios provenientes de la opinión ciudadana, que se halla en creciente alerta sobre lo que pasa en el ambiente.

Para que haya sanidad institucional y viabilidad social es inexcusable poner en práctica la doctrina del buen desempeño público, que va de la mano con el buen desempeño privado. Los vicios de la conducta nunca son justificables en ningún sentido, y esto tendría que ser asumido como parte vital de nuestro ordenamiento modernizador. Que la sociedad se comporte bien y que la institucionalidad también lo haga, colocados todos ante el objetivo común de hoy y de siempre, que es el progreso general en permanente movimiento de avanzada.

Tenemos que superar la desconfianza crónica para poner en vigencia la confianza plena endosable en los hechos. Esa es la línea superior con arraigo en el presente y con visión hacia el futuro.

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  • ciudadanía
  • voluntad
  • credibilidad
  • confianza
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