Para restablecer de veras la seguridad hay que hacer que la ley prevalezca en todo sentido

Es por ello que venimos insistiendo, y vamos a seguir haciéndolo por todo el tiempo que sea necesario, en el imperativo de hacer que la legalidad se imponga sin reservas de ninguna índole, pues sólo de esa manera se hará posible el retorno a la normalidad por la que tanto clamamos los salvadoreños.
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Desde que concluyó la guerra y se inició la posguerra, el esquema de relaciones políticas, económicas y sociales es declaradamente democrático; pero esto no significa que la democracia, como régimen de vida, esté funcionando plenamente en el país, porque las realidades cotidianas, en todos los sectores y niveles, muestran aún múltiples resabios de las prácticas autoritarias que imperaron en el pasado, y esto crea una serie continuada de desajustes y trastornos que mantienen a la sociedad y a la institucionalidad en una especie de limbo imprevisible, que si bien es más de percepciones que de situaciones, complica a cada paso la marcha del país y hace que los salvadoreños tengamos que movernos entre la ansiedad y la incertidumbre. Y uno de los detonadores principales de tal estado de cosas es la inseguridad, que se ha vuelto una plaga nacional de consecuencias devastadoras.

En el pasado no muy lejano, iniciativas manipuladas como las que llevaron los nombres de “Mano dura” y de “Tregua entre pandillas” fueron mecanismos de distracción con efectos contraproducentes. Se ha perdido tiempo irrecuperable en la lucha contra la violencia y contra el crimen organizado, y hoy estamos en un enfrentamiento de fuerzas que no tiene precedentes. Y aunque la victimización principal la sufre la población en su conjunto, el deterioro más grave lo padece el Estado de Derecho. Es por ello que venimos insistiendo, y vamos a seguir haciéndolo por todo el tiempo que sea necesario, en el imperativo de hacer que la legalidad se imponga sin reservas de ninguna índole, pues sólo de esa manera se hará posible el retorno a la normalidad por la que tanto clamamos los salvadoreños.

Todo quebranto del orden legal, sea quien fuere el que lo cometa e independientemente de la naturaleza de la acción infractora, debe ser perseguido y castigado. Y en cuanto a la organización del crimen, lo que se impone es asegurar que caiga todo el peso de la ley sobre dicha organización y sobre todos sus promotores, gestores y activistas. Por lo que se tiene conocido hasta el cansancio, si no son atacadas a fondo las estructuras orgánicas del crimen nunca se logrará avanzar hacia la erradicación del mal, que seguirá corroyendo los tejidos sociales y neutralizando la efectividad institucional.

Lo que más preocupa es que, pese a los daños que se van acumulando en los diversos ámbitos nacionales, no haya hasta la fecha iniciativas destinadas a poner la lucha contra el crimen en la dimensión y en el nivel apropiados. Lo que continuamos teniendo es una serie de medidas que, independientemente de su efectividad específica, no son capaces de dar señales inequívocas de que se está en la línea de avanzar hacia soluciones que hagan confiar en resultados definitivos para la problemática en su totalidad, que es lo que todos necesitamos.

El imperio de la ley tiene que recuperar su rol sin evasivas ni limitaciones, porque de lo contrario el crimen tendrá cada vez más poder en el ambiente, como se ha venido viendo en el curso de los tiempos más recientes.

Mientras se perciba, con datos resultantes de los hechos, que la ley se queda corta en el desempeño de su misión y que la criminalidad se expande con creciente voluntad de dominio, el deterioro de la situación seguirá produciendo estragos cada día mayores.

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