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Paranoias políticas

¿Qué pasaría si se descubre que un presidente en ejercicio pasó más de seis meses como presidente de la República en el periodo anterior? ¿Se invalida la votación de cientos de miles de ciudadanos y asume la Presidencia el candidato que quedó en segundo lugar?
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Hace años, recuerdo que un vicepresidente quería ser candidato presidencial para el siguiente período, pero el presidente no estaba de acuerdo. Así que, según trascendió, le pusieron un legajo con todas las veces que durante cinco años había fungido como presidente en funciones y viendo que la sumatoria era más de 180 días, pues con eso le descartaron su candidatura.

La Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata. Y es, en ese sentido, que entre las prohibiciones para presentar una candidatura presidencial está el haber sido presidente en el período anterior o al menos seis meses. Para unos, esos seis meses pueden ser sumados todas las veces que un vicepresidente funge como presidente en funciones, debido a que el titular se encuentra fuera del país.

Esto es lo más interesante. Porque en el Ejecutivo, y también en el FMLN, hemos escuchado voces en contra de revelar todos los viajes del expresidente Mauricio Funes porque aseguran que de fondo está la intención de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la presidencia de Salvador Sánchez Cerén.

El magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional, lo dice muy claro en la edición de este sábado en LA PRENSA GRÁFICA: “Esa lógica de que estamos preparando el ambiente para un golpe (de Estado). Les puedo decir que no es esa la lógica de la sala, sino la solicitud para ver en qué se gastó... Si el presidente pasó más afuera que acá... No tiene nada que ver sobre si el vicepresidente de la República estuvo más de 180 días ejerciendo la Presidencia de la República”.

Para González, pensar en ese “golpe” es una “terrible paranoia”. Desde el gobierno contestan que no están solos en esos temores. Que ahí está el caso de Dilma Rousseff en Brasil, destituida como presidenta por el Senado. Que lo mismo podría pasar aquí, pero desde la Sala de lo Constitucional, pero con la diferencia de que no le entregarían la Presidencia al vicepresidente, sino al candidato que quedó en segundo lugar, es decir, a Norman Quijano, de ARENA, porque Óscar Ortiz forma parte de la planilla que quedaría anulada...

En el fondo, está el miedo a la transparencia. ¿Qué hay que ocultar respecto a la anterior administración que ha puesto a todo el FMLN y al gobierno en defensa? ¿Es otra muestra de la misma solidaridad que Funes le agradeció a Daniel Ortega por haberle fabricado un asilo exprés?

Lo cierto es que todos deben ser transparentes, no solo el Ejecutivo, también el Legislativo y el Judicial y las autónomas. Y no solo con los viajes, sino también en sus compras, el manejo de los “fondos circulantes” (las gigantescas “cajas chicas” que se manejan a discreción en todas las instituciones) y las contrataciones, de parientes o amigos. ¿O es demasiada paranoia querer saber en qué utilizan los funcionarios públicos los fondos públicos? ¿No es acaso parte de su función ser eficientes con los dineros que el soberano les encomienda?

Ojalá y estos nuevos ejercicios de transparencia nos dejen instauradas mejores prácticas políticas en todo el aparato de Estado.

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