Patraña de tribunal

¿Para qué sirve un Tribunal de Ética Gubernamental que se inhibe de señalar las faltas éticas de los funcionarios públicos, incluso cuando estas son descaradamente manifiestas? ¿Qué sentido tiene invertir recursos estatales en una institución que se inhabilita a sí misma para cumplir con una de sus funciones básicas?
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El pasado 24 de marzo, a través de un fallo sorprendente, cuatro magistrados del TEG eximieron a la entidad de investigar al diputado Sigfrido Reyes, involucrado en cuestionables negocios inmobiliarios junto a un asesor, alegando que la contratación del señor Byron Larrazábal en la Asamblea Legislativa tuvo lugar meses antes de que se constituyera la empresa en la que jefe y subalterno terminaron siendo socios.

Insólitamente, la instancia encargada de velar por la ética gubernamental viene a decirnos que no hay razón de peso para abrir investigaciones a aquellos funcionarios que tengan asesores –pagados con dinero estatal– que a la vez sean sus socios en asuntos privados, siempre y cuando estos servidores públicos puedan demostrar que se asociaron con posterioridad a la contratación cuestionada.

Para decirlo con palabras que exhiban mejor el singularísimo criterio seguido por estos magistrados, detectar posibles conflictos de interés queda a expensas del orden cronológico en que se verifican los hechos y no en virtud de la objetiva inmoralidad que significa mezclar negocios personales con funciones públicas. ¡Increíble! ¡Inaudito! Con razonamientos de esta “finura” es imposible combatir las corruptelas que nos agobian.

No es la primera vez, por cierto, que el TEG se declara incapaz de hacer investigaciones a todas luces procedentes. En enero de 2014 usó argumentos similares para evitar indagar la “donación” –o “préstamo” o “regalo”, o lo que haya sido– de que fuera objeto Mauricio Funes cuando ya era presidente electo. Pretextó entonces el tribunal que la ley que enmarcaba sus facultades no se aplicaba a personas que aún no estuvieran en ejercicio de sus cargos al momento de cometer los actos antiéticos que se les imputaban. Así pues, en tanto no se encuentre oficialmente investido, un futuro funcionario en El Salvador puede recibir dádivas sospechosas sin que se pronuncie la institución creada para evaluar la ética en el servicio público.

Si yo, por ejemplo, soy un empresario exitoso y “dono” millones de dólares a un presidente electo, o le pago todas las mensualidades de su casa, o le invito a dar un paseo en mi jet a Disneylandia, pero con el inconfesable propósito de cobrárselo mediante favores cuando ya esté en pleno ejercicio de sus poderes, aquí en El Salvador no habrá TEG capaz de emitir una opinión al respecto. ¡Y es la propia institución la que así ha dado razones para justificar su incompetencia!

Por supuesto, es fácil imaginar la cantidad de narcotraficantes que podrían estar relamiéndose de gusto al leer, en fallos de este tipo, que el soborno de políticos goza de tan imprevisibles cómplices en nuestro país. Puesto que cuatro magistrados, supuestos vigilantes de la moralidad pública, se atreven a exonerar funcionarios recurriendo a semejantes tinterilladas, ¿quién hará respetar la Ley de Ética Gubernamental en El Salvador? ¿Cómo hacemos para evitar que otro Sigfrido Reyes, en el futuro, use dinero de nuestros impuestos para pagar los emolumentos de un hombre con el que hace lucrativas inversiones en terrenos del Estado?

El polémico fallo del TEG acapara titulares justo cuando en Alemania se nos muere, a los 87 años de edad el admirado escritor Günter Grass. De él tomo prestada una frase lapidaria que me sirve de oportuno colofón: “A este paso, la democracia acabará siendo una farsa”.

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