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Peligro para la seguridad nacional: las pandillas

La judicialización de la Operación Jaque ha puesto en evidencia que las pandillas ya no son cuestión de Seguridad Pública, pues su fin es político (controlar los recursos que produce el Estado) cayendo así en la esfera de seguridad nacional y en detrimento de los intereses regionales.
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La lucha política, solo por obtener los recursos existentes, sin fines ideológicos, es comparable con las luchas tribales de Ruanda (entre los Hutus y los Tutsis) que se expandió a Angola, Zimbabue, Uganda y Namibia. Aquí existe la capacidad material para contener amenaza semejante de las pandillas, que se extiende ya desde el Triángulo Norte hasta Europa, pero no hay en El Salvador, para contenerlos, decisión política.

El Gobierno salvadoreño trata de minimizar la importancia de la Operación Jaque y de los planes terroristas de las pandillas. Procura encubrir las conexiones pandilla-Gobierno, desviando responsabilidades hacia mandos medios de las pandillas. Por el seguimiento policial a los pandilleros, se develaron sus planes de terrorismo, para desestabilizar al Gobierno. Todo fue descubierto por medio de escuchas telefónicas, lo cual aclara la capacidad investigadora de los cuerpos de inteligencia; sin embargo, por la judicialización del caso, se cortan deliberadamente, las conexiones con el Gobierno y con la Alcaldía Municipal de San Salvador.

El expresidente Mauricio Funes, en sus programas radiales, se esfuerza por desvirtuar las intervenciones telefónicas en las que las pandillas comentaron haber recibido $25 millones, durante su Gobierno. Por otra parte, los informes policiales no quieren ahondar sobre las relaciones sorprendidas, entre un alto funcionario de la Alcaldía Municipal de San Salvador y los hoy capturados. La transparencia nula, en el manejo de las armas que se encuentran a resguardo del Ministerio de Defensa y las gestiones del obispo castrense, en beneficio de las pandillas, son motivo para sospechar corrupción y beneficio institucional, en favor de estas bandas organizadas.

Ya son las pandillas una fuerza política armada y obtener los recursos que produce el Estado son sus únicos intereses; para ello, controlan el territorio y la población. Su lucha actual es por controlar el aparato de Gobierno, utilizando para ello dos medios: la fuerza bruta y la conveniencia de los políticos, hoy en el poder. La insistencia del Gobierno en las treguas tiene como objeto justificar la influencia electoral de las pandillas, lo cual legitima las estructuras delincuenciales en el país. Sin embargo, en la medida que las panillas controlen el territorio y desalojen a la población, en la misma medida, debilitarán al Gobierno.

La Seguridad Pública ve a las pandillas desde el punto de vista de la prevención y represión del delito, pero la Seguridad Nacional aborda este problema desde la perspectiva de la amenaza a la existencia del Estado y, de la estructura de su Gobierno. Parece que el actual Gobierno ve en las pandillas una mera cuestión delincuencial, que puede servirle electoralmente. Sin embargo, el colapso económico causado por el presente y anterior Gobierno potencia a las pandillas, a una posición de poder, superior al del Estado y, siendo su lucha por los recursos, tanto el Gobierno como las pandillas ven su supervivencia en la explotación final de la actividad privada. El 79 % de las empresas es ya extorsionado y el 96 % de la actividad económica informal paga algún tipo de “renta”, sea por actividad económica, por habitación, o por tránsito, lo cual acelera el deterioro económico nacional.

Es conveniente considerar que la emigración de mareros a Italia y España representa para Europa, aunque en menor escala, el mismo grado de amenaza que el del yihadismo islámico.

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