Pensiones: ¿Política de Estado o capricho partidario?

El gobierno no pudo sacar adelante su proyecto, por lo menos durante la sesión plenaria del congreso del jueves antepasado.
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Pero el presidente Sánchez Cerén ha dicho repetidamente que su propuesta de reforma previsional se mantiene, aunque los partidos de oposición, de diferentes maneras, han mostrado, por lo menos públicamente, su rechazo a la misma. Por ello resulta extraña la insistencia del presidente en no dar marcha atrás y lo menos que pudiera pensarse es que él tiene un as bajo la manga.

Esa presunción la refuerzan las declaraciones contundentes que ha dado la señora presidenta del Órgano Legislativo dando a entender que la reforma se aprobará tal como ha sido planteada por el gobierno. Además, otra diputada con mucha presencia en los medios ha reforzado esa posibilidad, al aseverar que el proyecto ya ha sido suficientemente discutido. Pero el rechazo total de la fracción del FMLN a la sugerencia de todos los partidos de oposición a la creación de una mesa técnica para el estudio del caso pareciera ser la señal más clara de que el gobierno y el partido están totalmente dispuestos a aprobar la reforma, sin dar tregua a nadie; aunque no se sabe –pero sí se supone– de dónde provendrían los votos para completar los 43 que se necesitan para arribar a la mayoría simple requerida, probablemente maquillando el proyecto gubernamental.

Dicho lo anterior –y aunque no domino en profundidad el tema previsional–, puedo afirmar que la reforma es imprescindible y que está desfasada. Pero como hemos dicho en otras oportunidades, ello supone un consenso mínimo, por sus obvias connotaciones políticas, económicas y sociales. Pero aquel, siendo fundamental para equilibrar intereses, garantizar la viabilidad del sistema y minimizar las externalidades negativas del cambio, dudosamente apareció en la hoja de ruta que en todo caso debería haberse trazado como parte de una estrategia encaminada a “socializar” el proyecto.

Uno puede entender que lo sensible del tema constriñe los espacios para una discusión amplia y totalmente productiva. En el extremo, esto hubiera llevado a réplicas y contra réplicas interminables, pero por lo menos habría permitido algunos acercamientos con los principales actores para buscar acuerdos sobre la opción “menos mala”, en vez de entrar a una confrontación abierta que ya forma parte de esos desencuentros que no presagian nada bueno para el país. De que el gobierno no buscó ese camino, me consta. Cuando formaba parte del Consejo Directivo de una entidad pública que desde el principio participó en los estudios del caso, en repetidas ocasiones insistí en la necesidad de compartir con sectores seleccionados, al menos los más importantes hallazgos. Eso no fue posible, porque el celo por la confidencialidad llegó al extremo que los mismos directores solo tuvimos acceso en líneas gruesas a los estudios posteriores realizados por expertos internacionales.

Si esto es así, es entendible que la propuesta gubernamental haya encontrado en la sociedad civil una y mil razones para cuestionarla. Pero, para ser honestos –y esto a riesgo de que se me señale cuando menos de mal informado– no conozco una contrapropuesta que contribuya a darle una salida compartida al problema, sin duda porque no había con qué contrastarla. Conozco sí, varios diagnósticos, unos más fatalistas que otros, pero igual todos reconocen que la reforma no puede ser eludida y ni siquiera postergada por mucho tiempo. Es claro que estos vacíos no se llenan con el evento que patrocinó la Asamblea Legislativa el lunes antepasado, el que muchos consideran como un show mediático, de esos que se estilan para intentar vender la imagen de que estamos siendo conducidos al paraíso terrenal por un gobierno incluyente. Pero el simple hecho de que éste descarte toda consideración a los componentes paramétricos del sistema es otra muestra clara de que quiere minimizar el costo político, cuando más bien un proyecto consensuado diluiría la responsabilidad, mientras que la reforma como tal adquiriría la categoría de política de Estado. Esto probablemente estimularía la voluntad de muchos para contribuir a una salida menos traumática al problema involucrado.

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