Pensiones: opacidad, irresponsabilidad y chantaje

En su acostumbrado –y costoso programa– “Gobernando con la Gente”, celebrado el pasado 2 de septiembre en Ilopango, el presidente expresó: “Estamos comprometidos y ya hemos dicho, vamos a pagar agosto y septiembre, pero para cubrir octubre necesitamos hacer una reforma de pensiones”. A pesar del volumen que en las dos administraciones del FMLN ha tenido el tema previsional, este mensaje está aterrorizando a los pensionados del sistema anterior, pues deja entrever que, o se hacen las cosas como el gobierno quiere, o los responsables del desmadre serán la oposición y el sector privado.
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Pero un análisis objetivo no puede eludir aquellos aspectos más relevantes que han rodeado las intenciones gubernamentales de hacer la reforma a su medida y propia conveniencia, que al final tienen como trasfondo resolver el problema fiscal apropiándose del ahorro de los trabajadores. Siendo este el objetivo final, tampoco se puede obviar el hecho de que el gobierno no ha sido consecuente ni con su propia opción para salir de un problema de connotaciones nacionales e implicaciones que pueden llevar al país a un desastre financiero total tipo Grecia y, aquí en el hemisferio, portorriqueño. La diferencia estriba en que detrás del país helénico, está la Unión Europea que a la vez que lo ayuda, lo disciplina y, en el caso del caribeño, los gringos han tratado de hacer lo mismo, aunque en este último el problema principal es el tamaño de la deuda.

En nuestro caso, sin duda, presionado por diversos sectores, el gobierno ha querido vender la idea de que progresivamente ha flexibilizado su posición inicial, pero siempre con un secretismo que aumenta la sospecha de que no está diciendo toda la verdad. Así lo sugiere la última versión (la tercera) que sus diputados mantienen bajo siete llaves, probablemente para negociarla bajo la mesa, como es su costumbre. Mientras tanto, los pensionados y sus familias se mantienen en vilo. Es más, se habla de que hacen falta estudios actuariales y que para ello se ha contratado un experto, pero que según se comenta, es el mismo que ha estado asesorando al gobierno por años sobre el tema. No sobra decir, que el gobierno no ha atendido las recomendaciones de organismos internacionales para un ajuste integral de las finanzas públicas.

Tampoco la austeridad, que es requisito esencial para la sostenibilidad fiscal, ha pasado del discurso. Es cierto que el gobierno ha anunciado recortes en sectores y entidades que para muchos no dejan de ser un mensaje de poca seriedad con tinte politiquero. Y esto, porque no se hacen cargo (los recortes) de la gravitación que ejercen en el gasto corriente las más de 40 mil plazas nuevas que se han creado en los dos gobiernos del FMLN y que, según un diputado, involucran una erogación adicional de $900 millones anuales, suficientes para pagar durante dos años a los pensionados del ISSS y del INPEP. Solo en la presidencia, según LPG, los salarios han pasado de $8.3 a 33.9 millones de 2008 a 2017.

Y en los últimos días, nos hemos enterado que en el Órgano Judicial, se ha aprobado un presupuesto superior en más de $9.4 millones al correspondiente al año en curso, precisamente desde donde se ha pedido al gobierno que recorte sus gastos. También, en el último congreso de COMURES, la presidenta pidió para 2018 un aumento de dos puntos porcentuales para el FODES –que el presidente vinculó con las pensiones–, en circunstancias en que se observan los enormes desperdicios en las mismas alcaldías y donde la CC aplica también la máxima “dejar hacer, dejar pasar”, especialmente en las de ENEPASA.

Volviendo al tema central, debe señalarse que el gobierno ha estado haciendo una propaganda sucia de manera apócrifa, para resaltar lo inmaculado de su propuesta y lo diabólico de la que ha presentado la ICP. Tratándose del tema previsional, debemos enfrentarlo desterrando el chantaje, la mentira y la irresponsabilidad.

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PD (5) Presidente Maduro: tampoco nos hemos olvidado de sus pretensiones imperiales.
 

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