Pensiones: propuesta inconsulta

...El Sistema Mixto no asegura nada. Si bien dice que las pensiones “no podrán ser inferiores a la pensión mínima establecida anualmente”, (sentencia) esta pensión se ajustará “tomando en cuenta... “los recursos disponibles del Gobierno Central”.
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Hace 4 años se informaba: “El presidente Mauricio Funes anunció que alistaría una nueva reforma para mejorar el rendimiento que se paga por los CIP (LPG, 9/mayo/2012). No se cumplió. Ante la falta de respuesta, la Sala de lo Constitucional de la CSJ demandó legislar para pagar una tasa de interés de mercado por los ahorros de los trabajadores. Tampoco se cumplió.

Ahora, el Gobierno ante la gravísima y creciente crisis fiscal que tiene ha tomado una decisión unilateral: cambiar la “Ley de Pensiones” de capitalización individual por un “Sistema Mixto”, sin haber hecho una profunda y amplia consulta con los trabajadores, que son los “dueños” del dinero ahorrado. El proyecto demanda que las contribuciones que se reciban y las prestaciones que se otorguen serán “en forma combinada, una parte en el régimen de jubilación por reparto (como el que quebró) basado en la solidaridad intergeneracional (nadie sabe para quién trabaja) y la otra de capitalización basado en un régimen de ahorro individual obligatorio”.

El artículo 1 de la Constitución dice “el origen y fin del Estado es la persona humana”, pero con el sistema mixto, ante las necesidades financieras del Gobierno pone a “la persona al servicio del Estado”. Una clara violación al derecho de libertad. El proyecto dice: “A partir de la vigencia del presente Decreto, los afiliados a las (AFP) no podrán en ningún caso cotizar únicamente al régimen de capitalización, siendo obligatoria su incorporación al Sistema Mixto”. No hay libertad.

En la Resolución de la Sala (23/12/2014) dice que el Sistema de Ahorro para Pensiones, de capitalización plena e individual, “es propiedad exclusiva de los afiliados”. Entonces, ¿no será un acto de “confiscación” de los ahorros, sobre el cual la CSJ tendrá que actuar para proteger los derechos de los trabajadores? ¿Les han explicado a los trabajadores las consecuencias de este cambio en sus pensiones futuras? ¿Dónde está el Estudio Actuarial que sustente el nuevo sistema, que debe ser público y evaluado por especialistas?

El Sistema Mixto demanda que se afilien al régimen de reparto todos los trabajadores, pero aclarando que quienes tengan ingresos sobre los dos salarios mínimos mensuales “cotizarán al régimen de capitalización únicamente por el excedente a dichos dos salarios mínimos”. Esto significa que una parte de sus ahorros tendrán una buena rentabilidad y la otra no. En el régimen de capitalización, los ahorros son de “propiedad exclusiva de los afiliados”; y los ahorros que van al sistema de reparto ¿quién será su dueño?; ¿los estará tomando el Gobierno como si fueran fondos públicos? Esto sería una “confiscación”, que viola el derecho de propiedad.

Pero lo más grave es que el Sistema Mixto no asegura nada. Si bien dice que las pensiones “no podrán ser inferiores a la pensión mínima establecida anualmente”, se desliga de toda responsabilidad, al decir que esta pensión se ajustará “tomando en cuenta la variación relativa” de la inflación y “los recursos disponibles del Gobierno Central”. Esto último significa que están solucionando el gravísimo problema fiscal de ahora, pero la responsabilidad de ver si pueden cumplir recaerá en los futuros gobiernos.

Además, señalan que para “que opere la garantía estatal, el afiliado a beneficiario no debe percibir ingresos, incluyendo la pensión” por un monto “igual o superior al salario mínimo vigente”. Esto es, si usted tiene más necesidades no las podrá satisfacer con un ingreso adicional. Usted deberá mantener en un estado precario de vida. ¿Qué le parece?

De la pensión universal que planteó el Gobierno ¡nada! Esto es, los trabajadores que no coticen no tendrán pensión y nada hay sobre hacer provisiones para crear un fondo que financie estas pensiones. Obviamente, es una oferta populista (aunque socialmente necesaria) dado el alto déficit fiscal, la acumulación de pagos atrasados, la deuda pública total (63.6 % del PIB) y las dificultades que tiene ahora para colocar las LETES.

Nada dice de tasa de interés de pagar por los $3,654 millones en ahorros ya tomados en CIP ni por los $370 millones de los $570 millones que se ahorran anualmente. Esta es la solución fiscal: no pagar intereses y contar con el dinero de los trabajadores. Entonces ¿de qué reforma hablamos? ¿Beneficios para los trabajadores o para el fisco? Usted tiene la palabra.

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