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Pensiones: respiro y escape

Columnista de LA PRENSA GRÁFICADejar todo para última hora, con la soga al cuello y atiborrados por un mar de opiniones, algunas de ellas disparadas, no es el mejor escenario para hacerle frente a problemas complejos.

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Pero este fue en el cual el estamento político tomó en la madrugada del jueves anterior la decisión de reformar el sistema de pensiones. Pero el acuerdo alcanzado que parece satisfacer a los sectores involucrados y producto de un consenso que medio mundo aplaude no son suficientes para resolver un problema estructural de grandes dimensiones; solo constituyen un respiro para las maltrechas finanzas públicas.

Es más, todo indica que la conciliación se hizo a partir de las recomendaciones de un experto argentino que ha estado asesorando a los gobiernos del FMLN por más de un quinquenio. Como dicen en la patria del consultor: “no vale la pena llorar sobre la leche derramada”. La pregunta es: ¿por qué no se hizo antes? Recuerdo que el actual superintendente del Sistema Financiero, en dos ocasiones en que compartimos un espacio televisivo a mediados de la administración Saca, ya advertía que el régimen previsional vigente en la época no era sostenible si no se hacían reformas profundas, especialmente aquellas llamadas “paramétricas”. Pero lo que se hizo durante esa administración fue complicar más las cosas con el tristemente célebre decreto 100, y que desembocó finalmente en la prostitución del sistema, cuando en la administración Funes se castigó el ahorro de los trabajadores. En ambos casos, la demagogia, el populismo y la cobardía política se impusieron sobre la racionalidad técnica y los derechos de los pensionados.

Aun con las bondades que se le atribuyen a la reforma, no todo está dilucidado y mucho menos escrito. Para los neófitos en la materia, como el que esto escribe, ese paso ya levanta dudas sobre la forma en que el gobierno va a honrar sus propios compromisos, sin ignorar los cuestionamientos de la población sobre la transparencia con que se manejan los recursos públicos.

El panorama se complica cuando mucha gente también interpreta el aludido “consenso” como un maridaje calculado entre el partido gobernante y la oposición para llegar a los próximos eventos electorales con “oportunidades y responsabilidades compartidas” –algo que parece políticamente correcto– pero que desvía, al menos temporalmente, la atención del problema estructural de las finanzas públicas, aun sabiendo que este es en gran medida el responsable del bajo crecimiento, el endeudamiento desbordado y la pésima provisión de bienes y servicios públicos, todo con raíces profundas en la corrupción generalizada. En este punto, ni moros ni cristianos pueden esgrimir ignorancia, porque si un país ha sido sobre diagnosticado para salir de atolladero, es El Salvador.

Sin duda, las recomendaciones y ayuda ofrecidas por organismos financieros multilaterales y países cooperantes, principalmente en el campo fiscal, imponen compromisos y costos políticos. Desafortunadamente, hay quienes piensan que un ajuste estructural como el que demanda el país solo podría implementarse hasta el próximo período presidencial. Para entonces, todo sería más difícil. Pero ojalá que a partir del acuerdo alcanzado y reconociendo los costos en que el país ha incurrido por haberlo dilatado, sirvan de lección para que nuestros dirigentes abran un mayor espacio para que El Salvador prospere, rescate su credibilidad internacional y consolide su democracia.

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