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Perder-perder al reducir 50 % el pago a colegios y universidades privadas

Lo que no se vale es apoyar una iniciativa sabiendo de antemano que es inviable financieramente.

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Alberto Arene - Columnista de LA PRENSA GRÁFICA

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No obstante la tragedia del mundo por la pandemia y sus consecuencias en enfermedad y muerte, y en la ruina económica y social de nuestros pueblos, el cálculo político-electoral pareciera estar más presente que nunca en algunas iniciativas de política pública durante y después de la pandemia. Aún más si estas coinciden con elecciones presidenciales, legislativas o municipales. Si bien la educación debería ser excluida y "blindada" de los cálculos políticos y electorales, no es este el caso como lo demuestra la respuesta de muchos diputados a la solicitud del "Movimiento Universitario de El Salvador" de reducir en 50 % el pago a colegios y universidades privadas de nuestro país. La solicitud y respuesta pueden sonar muy razonables, justas y atractivas, pero de concretarse sería todo lo contrario, una iniciativa en que todos perderíamos, por lo que la calificamos de perder-perder.

Los colegios privados e instituciones privadas de educación superior que por la pandemia y sus efectos ya confrontan deserción de estudiantes y de sus ingresos por colegiaturas viven de sus mensualidades, no del subsidio del Estado. Un recorte de 50 % sin que el Estado pague la diferencia las llevaría a la quiebra y al cierre. Unos 370 mil estudiantes podrían dejar de estudiar, decenas de miles de profesores y de personal administrativo y de servicios quedarían desempleados, así como miles de micro y pequeñas empresas que suministran bienes y servicios a las universidades, a sus estudiantes, profesores y trabajadores diversos.

Pero si fuera el Estado que financie la diferencia con el presupuesto del Ministerio de Educación de mil millones de dólares aproximadamente, este tendría que recortar el financiamiento a las escuelas públicas y a la Universidad de El Salvador (UES) cuyo presupuesto anual es de $100 millones aproximadamente, con un costo promedio anual por estudiante que se aproxima a $2 mil. Este monto solo es igualable a la más cara de las universidades privadas cuyas colegiaturas comienzan en $800 anuales. Pero la UES cubre a 50 mil estudiantes aproximadamente, ingresando 10 mil anualmente, mientras que en las instituciones privadas de educación superior estudian casi 150 mil estudiantes, tres cuartas partes de la matrícula de educación superior.

En cuanto a la educación básica, media y bachillerato en colegios e institutos privados, el número de estudiantes es aproximadamente de 220 mil estudiantes con casi 12 mil profesores y otros miles de personal administrativo y de servicios, una quinta parte de los estudiantes de escuelas e institutos públicos. Con el presupuesto tan ajustado del que dispone el Ministerio de Educación, le sería imposible absorber semejante incremento, teniendo presiones financieras extraordinarias para hacerle frente por primera vez en la historia a la atención a la primera infancia y a la transformación digital y virtual de la educación nacional durante y después de la pandemia.

Estas consideraciones no pretenden negar las dificultades económicas crecientes que enfrentan y enfrentarán los estudiantes y sus familias para financiar su educación privada. Esto requiere de los colegios e institutos, y de las universidades privadas, en diálogo y coordinación con el Ministerio de Educación y el gobierno, y la banca pública y privada, modalidades flexibles de pago y de financiamiento adaptadas a las condiciones particulares de los estudiantes en dificultades.

Lo que no se vale es apoyar una iniciativa sabiendo de antemano que es inviable financieramente, y que de ejecutarse tendría costos enormes para los estudiantes y sus familias, para el Estado, para las instituciones educativas privadas, y para la sociedad en general, perdiendo todos.

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