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Pese a los trastornos y resistencias que se dan a diario, la institucionalidad muestra cada vez más signos de funcionar de veras

Las instituciones reciben a diario la presión ciudadana para actuar conforme a sus responsabilidades, y los que se hallan al frente de ellas se encuentran hoy, como nunca antes, ante el escrutinio público, que ya no admite excusas ni pretextos.
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Cuando se hace un recuento de los hechos que se producen de manera constante en la cotidianidad nacional una de las cosas que se ponen de manifiesto de inmediato es la activación creciente del trabajo institucional, sobre todo en áreas decisivas para la vigencia de la legalidad y para la recuperación del orden en el ambiente. A esta dinámica ha contribuido, sin duda, en forma determinante, el desborde de la inseguridad ciudadana, por efecto principal del auge del crimen organizado, que ha sentado sus reales a lo largo y a lo ancho del país, como una plaga invasora que atenta contra todo lo que encuentra a su paso. La autoridad ha tenido que ir respondiendo a la demanda urgente de la ciudadanía, y por eso sus acciones se vuelven más notorias y más congruentes con lo que se requiere para viabilizar el debido control.

Falta por supuesto mucho por hacer para que la institucionalidad pueda desempeñarse con la efectividad necesaria, en función de los desafíos que ahora mismo tiene ante sí; pero lo importante es no cejar en el empeño de que todas las conductas, tanto públicas como privadas, se rijan estrictamente por los mandatos de la ley y por los principios de la corrección y del orden. La criminalidad y la corrupción deben ser combatidas sin tregua, en todas sus expresiones. Eso es lo que la ciudadanía espera, manifestándose al respecto con una insistencia sin precedentes. Las instituciones reciben a diario la presión ciudadana para actuar conforme a sus responsabilidades, y los que se hallan al frente de ellas se encuentran hoy, como nunca antes, ante el escrutinio público, que ya no admite excusas ni pretextos.

Insistimos en destacar el fenómeno de la ciudadanización del reclamo de eficiencia institucional porque es vital para entender la realidad del momento. Estamos inmersos en una realidad que puede identificarse con un término muy elocuente: democracia en proceso. Y si hay democracia, así sea aún imperfecta e insuficiente, uno de los factores más determinantes es el funcionamiento de la institucionalidad. Si las instituciones no funcionan como se debe, el sistema va quedando desprovisto de sus defensas básicas, por lo cual no hay seguridad ni estabilidad que se puedan hacer valer en la forma requerida. Es lo que ha pasado en nuestro país tradicionalmente, con las consecuencias nefastas que nos han azotado a lo largo del tiempo. Pero la democracia, ya instalada en la realidad, viene a ser una especie de antídoto para esos males tan arraigados y tan destructivos.

Todo lo anterior implica que desde todos los ángulos posibles hay que potenciar y salvaguardar el buen desempeño institucional. Esto se ha vuelto un imperativo de supervivencia del sistema de vida, y fortalecer la conciencia ciudadana al respecto se hace cada día más vital. A las instituciones hay que exigirles sana y suficiente funcionalidad y a la vez proveerles los apoyos necesarios para que puedan desempeñarse conforme a sus atribuciones respectivas. Estamos en un momento histórico en que la suerte del proceso nacional depende, con más claridad que nunca, de lo que ocurra en los distintos planos de la institucionalidad.

Hay que garantizar el desarrollo institucional, de acuerdo con el tránsito de los tiempos; y hacer que ese desarrollo esté en armonía con el bien común.

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