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Pidiendo justicia

La Fiscalía General de la República ha emitido órdenes de captura contra los comandantes Santos Guevara Portillo, Fernán Fernández Arévalo y el combatiente Severiano Fuentes, por el delito de homicidio agravado durante el pasado conflicto armado, y a petición presentada por un miembro del Colectivo Víctimas del Terrorismo El Salvador. La reclamación de justicia es fundamental para la reconstrucción de la memoria histórica y la paz futura en El Salvador.
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Se han presentado tres avisos a la Fiscalía: 1) por el Caso Zona Rosa y helicóptero derribado en Lolotique, 2) por el uso, en el conflicto armado, de menores y minas terrestres ilegales, 3) por el genocidio de alcaldes y funcionarios públicos. Todos Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Los acusados son quienes conformaron las distintas comandancias del FMLN.

Es creencia común de que solo el Estado puede cometer Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, es erróneo; sí pueden ser cometidos por las dos partes en conflicto y, más aún, cuando ha habido un reconocimiento internacional. La insurgencia lo tuvo, en dos momento particulares: cuando Francia y México la reconocieron como beligerante y luego, cuando fue reconocido por Naciones Unidas, quedando en paridad las partes –el Estado de El Salvador y el FMLN–, para luego fundirse políticamente, en un Estado pactado, que priorizó el desarme militar y la estructuración democrática.

Esta nueva estructuración, que obligó a cambios constitucionales y a la creación de nuevas instancias que fraccionaron el poder, trajo como consecuencia la absorción, por parte de ese nuevo Estado, de las responsabilidades asumidas por ambas partes; ya sea las cometidas por la antigua estructura del Estado, como por la estructura de la insurgencia. Esto, en cuanto a la responsabilidad material de los crímenes cometidos, a la reparación moral y patrimonial de los mismos; bajo la fortaleza institucional del Estado.

La responsabilidad penal particular, institucional y social no tiene finalidad de venganza, sino de justicia, proyectándose hacia el futuro, para prevenir que tales hechos se repitan. Y la aplicación de justicia, sobre Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, cuando ya se ha perdido poder y presencia política, es fácil. Surge el problema, cuando se está en el poder y se usan los mecanismos legales y de presión política para evitar la justicia. Pero existen dos mecanismos jurídicos y uno político al los que se puede apelar: Jurídico, denuncia y Habeas Corpus y la moralidad notoria que exige una candidatura.

En la elección pasada, el TSE prohibió que se hiciera alusión a los hechos de guerra del pasado conflicto armado, pero un efecto indirecto de la derogatoria de la ley de amnistía es que, electoralmente, pueden señalarse los hechos relacionados con Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad y además, la falta de moralidad de quienes hayan cometido tales hechos, para acceder a cargos de elección pública y en consecuencia, a la protección de un fuero.

Ahora los asesinos dirán que no es válido señalarlos, pues no ha habido condenados, mas ya no hay ley que los ampare, solo su poder político: la Fiscalía ya tiene los primeros avisos de sus crímenes y estos son de dominio público, pues han hecho apología de sus actos, en sus propios libros: son su confesión por lo que argumentos en su favor ya no son válidos.

La justicia será un hecho cuando la antigua cúpula del FMLN deje el poder y se someta a la justicia moral y jurisdiccional de El Salvador. La fuerza está en manos del fiscal general de la República, de los partidos de oposición y de la sociedad salvadoreña, que pide justicia.
 

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