Piénsenlo bien... ¿magistrados?

<p>Hace pocos días emergían señales de que por fin se encontraría una salida a la crisis institucional. Pero la ceguera, la soberbia y la insensatez de nuestra clase política han continuado siendo obstáculos infranqueables con relación a este propósito. Varios diputados no cesan en su empeño de desobedecer una orden judicial y de hacer oídos sordos a las exigencias de la sociedad, al grado tal que ya anunciaron con cinismo, que tampoco van a acatar la decisión que declaró inconstitucional la elección del fiscal general de la República, y que muy probablemente trasladarán esta discusión a la Corte Centroamericana de Justicia.</p>
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<p>A estas alturas raya en la necedad querer endilgar las protestas a un sector político o económico en particular. El reproche de la ciudadanía a las actuaciones de sus mandatarios ha ido más allá de las columnas y los comunicados en los periódicos, de las intervenciones en los medios de comunicación y de las opiniones en las redes sociales; no encontrando eco a este tipo de expresiones, miles de ciudadanos de todos los sectores e ideologías han decidido llevar su protesta a las calles, manifestándose pacíficamente e ingeniándose los más diversos métodos para hacer notar su exigencia de respeto al ordenamiento jurídico.</p><p>Es lamentable que los diputados que hace unos días apoyaron con descaro la toma por la fuerza del edificio de la Corte Suprema de Justicia, a manos de unos revoltosos, se atrevan a calificar las nuevas expresiones de la sociedad civil como actos vandálicos. También es lamentable que se ordene a las fuerzas policiales proteger a quienes delinquen al ingresar por la fuerza a la Corte, y que por el contrario a esas mismas fuerzas se les gire la orden de obstaculizar a los ciudadanos que pacíficamente protestan por el quebrantamiento del estado de derecho.</p><p>Muchas esperanzas se habían gestado con relación a lo que podría ocurrir durante la última plenaria de la Asamblea. Sin embargo, varias de las fracciones legislativas prefirieron diferir la solución del problema, escudándose en que como funcionarios públicos, el art. 235 de la Constitución les obliga a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, atendiendo a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, o resoluciones que la contraríen. Pero lo que callan estos mismos funcionarios, es que el art. 183 claramente dice que la Sala de lo Constitucional es único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, de un modo general y obligatorio.</p><p>Es cierto que todos los funcionarios públicos deben hacer cumplir la Constitución, pero precisamente por eso, en materia de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, deben subordinarse a la interpretación que hace la Sala de lo Constitucional. Dar por válida la maliciosa y conveniente interpretación que hacen algunos diputados implicaría que cualquier funcionario público que no esté de acuerdo con una resolución de la sala podrá desconocer los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, argumentando que en su particular apreciación, la misma es contraria a la Constitución.</p><p>El presidente de la República, ministros, superintendentes, representantes de autónomas, jueces, etcétera, estarían en libertad de decidir cuándo sí y cuándo no obedecer una sentencia de amparo o de inconstitucionalidad, de la Sala de lo Constitucional. ¡Dios nos libre de llegar a tal situación! Diputados, dejen ya de desgastarse en pronunciamientos estériles, y cumplan de una vez con lo ordenado.</p><p>Con todo, este día se presenta una nueva oportunidad de solucionar esta crisis, aunque esta vez con otros protagonistas. Ahora es cuando los magistrados cuya elección ha sido declarada inconstitucional deben evitar volverse cómplices y partícipes del desacato. Respeten lo resuelto por la sala y no generen más inseguridad jurídica; piénsenlo bien. La ciudadanía sabrá reconocérselos o reclamárselos como corresponda.</p><p>&nbsp;</p>

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