Lo más visto

Más de Opinión

Planificación urbana basada en la gestión pública

Tres semanas atrás, el Ministerio de Obras Públicas anunció que se encuentran gestionando alrededor de 50 millones de dólares para intervenir en dos pasos a desnivel que permitirán reducir el congestionamiento vehicular en San Salvador. A priori, se podría argumentar que está existiendo mayor inversión en uno de los principales problemas de San Salvador y que el ministro está apostando por un modelo de desarrollo urbano justo y necesario. Sin embargo, en un país que ni siquiera cuenta con transporte público, más carreteras suponen una mayor cantidad de automóviles, contaminación y menor capacidad política de sus ciudadanos.
Enlace copiado
Planificación urbana basada en la gestión pública

Planificación urbana basada en la gestión pública

Enlace copiado
‘Ser ciudadano’ puede ser analizado desde dos perspectivas complementarias. La primera, desde el punto de vista jurídico en el cual una persona es ciudadana al contraer derechos y deberes, y la segunda, desde el punto de vista político, como sujeto de acción, participación e incidencia en su entorno. Invertir 50 millones de dólares en infraestructura exclusivamente para automóviles es menospreciar el rol político de los ciudadanos al reducir su eje participatorio y de interacción social con otros, dando prioridad a los que tienen vehículo y dejando en el olvido a los que no.

Las ciudades y las áreas metropolitanas tienen dos componentes principales: por un lado el económico (que busca la organización de las actividades productivas) y por otro, el componente social (cooperación y creación de tejido social urbano). Actualmente, ciudades como San Salvador dan prioridad a modelos urbanos que priorizan la organización de actividades productivas antes que la cooperación y creación de tejido social. Esto genera un desbalance en la forma en la que los ciudadanos nos identificamos con nuestra ciudad. Además, mayor creación de infraestructuras para automóviles solo incentiva a que más personas se vean obligadas a adquirir vehículos, generando un desgaste progresivo de nuestra ciudad, el medio ambiente y su interacción social.

Ahora bien, debemos entender que el Ministerio de Obras públicas hace planificación urbana basada en la gestión pública. Un ejemplo de esto es la circulación de ‘transporte público’ (que en realidad es transporte privado subsidiado por el Estado) en condiciones deplorables y en donde cada año negocian condiciones y beneficios con nuestros gestores públicos. Esto ha permitido que intereses privados se sobrepongan al interés público, premiando el uso del automóvil como la mejor oferta de movilidad ciudadana. No es de extrañar que el modelo de planificación urbana salvadoreño sea políticamente anti-democrático, socialmente excluyente y económicamente inviable. A pesar de ello, nuestra gestión pública sigue enfocándose en crear ciudad a base de carreteras y pocos espacios públicos, reduciendo a sus ciudadanos a su mínima expresión política. El negocio de un grupo pequeño no debe ni puede estar por encima del interés general. Sin ciudad no pueden existir ciudadanos, y sin ciudadanos la construcción de derechos políticos y civiles es casi imposible. Construir y crear la ciudad de todos es un derecho que debemos hacer entender a nuestros gestores y planificadores públicos.
 

Lee también

Comentarios