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Planificada estafa a los trabajadores

Mucho se habla sobre la insostenibilidad en El Salvador de su sistema de pensiones y sobre las medidas que el Estado podría tomar para solucionar dicho problema; sin embargo, no se habla de la situación del trabajador ya pensionado o que, algún día, ha de pensionarse y para quienes se están dando, actualmente, los pasos preparatorios para estafarles su dinero.
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En el apogeo de la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, nació el concepto de la pensión, gracias a la visión del canciller alemán Otto von Bismark, creador de los fundamentos de las instituciones de Seguridad Social (seguro por enfermedad –1883– y de indemnización –1884–) y que dan seguridad al trabajador. Estos conceptos sociales quedaron plasmados en nuestra Constitución desde 1950 y desde entonces, hasta ahora, los trabajadores han gozado de tales beneficiosas expectativas.

Si se diese un cambio en el sistema previsional desaparecerían las cuentas individuales en las AFP, y el Estado tomaría los $7,000 millones ahorrados hasta hoy y dicha deuda previsional superaría los $40,907 millones (según estudios de FUNDE y datos estadísticos del BCR). Ahora bien, para justificar la falta de rentabilidad de dichos fondos –que ya fueron gastados por el Estado– promueve este gobierno un ajuste, el cual básicamente disminuirá el monto de las pensiones actuales y futuras.

El nuevo sistema a implantar tiene el carácter de una estafa, pues se toman los ahorros del trabajador sin su voluntad y quienes están llamados a defender este interés público son el fiscal general de la República y el procurador de los Derechos Humanos, además de los diputados; sin embargo, ninguno de ellos ha mostrado interés alguno, porque defienden los intereses del Estado por sobre el bien público, pues consideran que el interés del Estado es su interés particular.

Todo sistema previsional se basa en la aportación de los fondos de los trabajadores y no en aportación directa del Estado, contemplado en el presupuesto general de la nación, pero sí le concede al Estado la potestad de planificar la seguridad social, custodiar y administrar los fondos de los trabajadores, pero no permite utilizar dichos fondos como propios.

No puede ser segmentada la responsabilidad del Gobierno: esta es continua, pues el funcionario público solo es el tenedor temporal de la investidura del cargo y por tal razón esta planificada reestructuración haya sido presentada por el ministro Cáceres y a propuesta del secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, la responsabilidad es tanto de los gobiernos anteriores como del actual, debiéndose atender a la intencionalidad del mismo, la cual es base para determinar la estafa juntamente con la forma de realizarla: atribuir responsabilidades en otros y negar la propia para concretar un beneficio personal.

Este cambio es una estafa para el trabajador: se está presentando en forma segmentada para evitar que el público alarmado la rechace: primero el INPEP, luego el IPSFA, para que después sea el ISSS. Primero, anunciar una disminución de las pensiones futuras de las AFP y de las presentes del INPEP. Solo faltaría el anuncio de la disminución de las pensiones del ISSS y la disolución del INPEP, IPSFA e ISSS para que pudiese conformarse una nueva institución. Si atendemos a que las promesas del gobierno han sido subsidiar al IPSFA y al INPEP, solo para el ejercicio 2016, es de prever que dicho cambio estará concretado para 2017.

El vocablo estafa se relaciona con el verbo estafar (obtener riquezas a través de una trampa o un ardid, cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira). La persona que comete una estafa se conoce como estafador. A la luz de esta definición puede el trabajador analizar el nuevo sistema propuesto por el gobierno y deducir las posibilidades de tal medida.

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