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Poca transparencia de los Órganos de Estado

La falta de transparencia en el uso de los fondos del erario nacional no es nada nuevo. Ha ocurrido en diferentes gobiernos, sin que los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción hayan sido llevados a los tribunales para responder por sus actos. La vox pópuli siempre ha comentado que las instituciones contraloras en el pasado siempre colaboraron para encubrir esta clase de actos ilícitos.
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Muchos creímos que con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública –que nació sin dientes– los dineros de los contribuyentes serían usados de tal forma que no existiría la posibilidad de continuar despilfarrando los fondos del erario nacional. Sin embargo, la renuencia de algunos diputados de las fracciones legislativas, en dar a conocer los nombres de los asesores, la cantidad con que cuentan y los salarios que devengan, ponen de manifiesto que siempre existen situaciones que necesitan ocultarse porque no han sido hechas legalmente.

No deberían existir restricciones en el Ejecutivo para dar a conocer el detalle de los viajes y los fondos usados por el mandatario.

Es digno de encomio el esfuerzo que está realizando el Fiscal General para llevar a los tribunales a los funcionarios de gobiernos anteriores, involucrados en la malversación de fondos del Estado, en la construcción parcial de la carretera Diego de Holguín. Sin embargo, las órdenes de captura que se han hecho efectivas hasta el momento solo incluyen a funcionarios de bajo rango, mientras que los “peces gordos” –como los tipificó el ministro de Obras Públicas– aún gozan de libertad dentro o fuera del país.

El fiscal general ha sido muy cauteloso en el sentido de no involucrar a otros funcionarios que también fungieron cuando este problema surgió, pero es de suponer que con las investigaciones irán apareciendo otros nombres de probables involucrados.

También ha sido visto por la población con buenos ojos el desmantelamiento parcial del llamado cartel de Texis que opera en el país, al cual se le atribuyen diferentes tipos de delitos cometidos desde hace varios años. Las personas capturadas solo constituyen la punta del iceberg, porque es de suponer que una banda con tanto tiempo de existencia ha extendido sus tentáculos en varios países centroamericanos.

Por otro lado, no parece muy conveniente que el mandatario se haya molestado por las sugerencias hechas por el senador estadounidense Patrick Leahy sobre mejorar la inseguridad institucional que experimenta el país, erradicar la corrupción en las instituciones públicas, etcétera, para la aprobación definitiva del FOMILENIO II, porque podríamos ser señalados como limosneros con garrote, al no aceptar sugerencias para mejorar en aspectos en los que tenemos falencias. Además, debemos como salvadoreños tener las mejores relaciones diplomáticas con el país del norte por tener casi tres millones de salvadoreños viviendo en aquel país.

Lo que debería preocupar más al presidente Funes es terminar su gestión con la buena popularidad que le dan las encuestas, tratando de resolver pacíficamente el diferendo con Honduras sobre la isla Conejo, que según datos históricos siempre ha pertenecido a nuestro país. Además debería de hacerse esfuerzos por evitar que la inseguridad social continúe en ascenso.

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