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Política de Seguridad Pública

Las políticas públicas representan soluciones institucionales para atender problemas que afectan a colectivos sociales importantes y que requieren la intervención del Estado para solventar carencias o insuficiencias en la provisión de bienes o servicios.
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Dicha intervención debe procurar la eficiencia en la asignación de recursos públicos ya que, al igual que el resto de recursos, son escasos y tienen un costo de oportunidad.

Eso es fundamental para priorizar el uso de tales recursos, ya que los gobernantes deberían procurar mejorar las condiciones de vida de la población gobernada, al menor costo posible, es decir, obtener el mayor impacto social con el menor sacrifico para el erario posible.

De ahí que las necesidades que deberían atenderse, de manera prioritaria, son aquellas que afectan más el bienestar ciudadano, pero además, las políticas implementadas deberían gozar de algún grado de reconocimiento –legitimidad– por parte de la población meta; en otras palabras, deberían guardan correspondencia con sus aspiraciones y urgencias.

En la actualidad, el problema que encabeza la lista de preocupaciones colectivas, en El Salvador, es la delincuencia y sus diferentes manifestaciones, unas más violentas que otras; en esto coinciden también las gremiales empresariales que señalan que la delincuencia y la inseguridad ciudadana demandan ingentes cantidades de dinero para disponer de soluciones privadas ante este flagelo y que esta demanda de recursos financieros limita su capacidad de crecimiento, así como su competitividad, ya que esto eleva sus costos de transacción.

La mayoría sabemos, a esta altura del debate, que la política de seguridad no se limita a la represión del delito, ni a labores de inteligencia para desarticular el crimen organizado que atenta contra la gobernabilidad en el país; pero también sabemos que las políticas de seguridad no son ni universales ni atemporales, sino que dinámicas y deberían ser, necesariamente, consecuentes con las condiciones ambientales imperantes en la sociedad donde se vayan a implementar.

Es por esta razón que el balance entre los componentes que integran la política de seguridad, tales como la prevención del delito, la represión del crimen y la reinserción de la población reclusa, debería revisarse, regularmente, a fin de adecuar los énfasis de cada uno a las demandas impuestas por los acontecimientos.

Los niveles de inseguridad que afectan a la ciudadanía y las condiciones de zozobra a que está sometida por el accionar de las pandillas exigen una mayor represión, ya que los otros dos componentes tienen un impacto –sobre el problema– a más largo plazo; aunque no se puede negar que su incidencia es más duradera.

Son pocas las personas que negarían, en estos momentos, que el quid pro quo entre el efecto inmediato y la sustentabilidad, a largo plazo, de las acciones de seguridad pública favorecería al efecto inmediato y visible, en contra de la delincuencia, frente a otras cuya incidencia se apreciaría a más largo plazo.

Es por ello que debería procurarse desarticular el liderazgo de las pandillas y para lograrlo, la información aportada por sus portavoces sería muy valiosa, ya que ellos saben quiénes son sus principales cabecillas; debemos estar conscientes de que estas organizaciones han declarado la guerra a la sociedad salvadoreña y a sus instituciones de seguridad, por lo que debería buscarse cómo neutralizar sus estructuras de mando, comunicaciones, logística y su capacidad de financiamiento (extorsiones, robos y narcoactividad).

No debería darse protagonismo mediático a los apologistas del crimen que manifiestan, cínicamente, que era previsible el aumento de asesinatos cometidos por las pandillas, al no haberse accedido a su chantaje.

Tags:

  • gobernabilidad
  • represion
  • delito
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