Política pública: piqueterismo

El piqueterismo ya no asusta al salvadoreño. Tiene su origen perverso en la insatisfacción social de sectores políticos que no asimilan el espíritu ni la realidad democrática y ven en la expresión callejera violenta la manifestación ideal de sus aspiraciones.
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Lo que estamos viendo en las calles de San Salvador evidencia la fuente gubernamental de la crisis múltiple que podría ser peor que la guerra.

No hay diferencia entre piqueteros y mareros. Nacen violentos y crean un ambiente que bloquea el esfuerzo pacificador de la sociedad salvadoreña, buscan mover la conciencia de los que fueron alzados en armas, contra un Órgano del Estado.

Si a la insatisfacción social agregamos la falta de vergüenza del canciller, quien es de pausadas voces pero descaradas decisiones que nos golpean el rostro a los salvadoreños como son los nombramientos del viceministro “Marcelo” y del embajador Sigfrido Reyes; y peor aún, el manejo de las finanzas públicas desde la maniobra, del engaño y de la incapacidad del primer ministro, que a toda costa quieren apropiarse del ahorro de los trabajadores salvadoreños. Tenemos que, por dignidad, señalar críticamente que retrocedemos en el deseado camino de la paz y del progreso, caemos en descomposición social y en falta de oportunidades para el emprendedor, que ve en la dirección politiquera de los gobernantes un muro de contención para la realización cívica del salvadoreño: peor aún, para su supervivencia.

Tradicionalmente, los años preelectorales son económicamente malos por no ser momentos para inversión. Es difícil que se hable de “clima de inversión” cuando hay incertidumbre política y búsqueda obsesiva del control partidario del aparato estatal.

En el campo de la seguridad, se habla de prevención de la violencia con programas de seguridad, cuando no se plantea el problema delincuencial en su dimensión multicausal y se confunden las políticas públicas que deben abordarlo, tanto sociales (prevención y rehabilitación) como represivas (policía). La aplicación de esas políticas pueden reducir la violencia y brindarnos la paz social que tanto anhelamos. La gran pregunta: ¿por qué no se hace? o peor ¿por qué no se ha hecho? El rebalse nos da el derecho de juzgar. ¿Falta de voluntad o incapacidad? ¿O las dos?

Mucho se escribe sobre esto y se plantea en medios sin respuesta. La realidad demanda y no vemos ni siguiera intención de respuesta.

Año preelectoral, ¿año perdido? Vemos funcionarios que han ido perdiendo contacto con la realidad y la sustituyen por una atmósfera artificial, muy distante del ámbito ciudadano. El resultado es la producción de los más graves errores u horrores políticos que están a la vista: inseguridad. El fracaso del SITRAMSS, el impago y los que vendrán a medio año 2017, El Chaparral, las tarifas incrementadas ilegalmente y el cobro por servir aire de ANDA; intencionales actos administrativos contrarios a la Constitución, que nos quieren vender como culpa de la Sala, el robo de las pensiones a los cotizantes (trabajadores); la baja calificación crediticia del país, la protección diplomática de Sigfrido Reyes, y de José Luis Merino, el presupuesto desfinanciado, incremento de impuestos, falta de desarrollo y crecimiento económico, etcétera; para mencionar algunos pasos perversos, no de ignorantes.

La ignorancia se podría disculpar, pero no en un gobernante. La mala intención para señalar como culpables de mis actos a los de enfrente es perversión política.

Todos los esfuerzos a favor de la convivencia pacífica debemos de hacerlos, sin tomar en cuenta ni al GOES ni al FMLN.

Como ciudadanos podemos hacerlo. Somos más los que queremos vivir en paz, con oportunidades para todos. Sin corrupción.

Desde el metro cuadrado de cada uno.
 

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