Pongámonos en perspectiva: hay que orientar también la atención hacia lo que pueda venir del 1 de mayo en adelante

La tarea básica para todos, representantes y representados, es ordenar las piezas dentro del tablero nacional, para que el juego se vaya dando cada vez con mayores seguridades de éxito, en pro del servicio al bien común.
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El próximo 1 de mayo tomarán posesión, para un nuevo período de 3 años, tanto los 262 concejos locales como los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. Es decir, se iniciará una nueva etapa de la democratización en marcha, dentro del esquema evolutivo que venimos viviendo a lo largo de los años transcurridos desde que concluyó el conflicto bélico y echó a andar la posguerra. Los 3 años que vienen serán, en muchos sentidos, una coyuntura decisiva para el país, ya que nos encontramos enfrascados en una problemática que no puede esperar ni un minuto más para ser encarada con la efectividad debida, en todos los niveles de nuestra realidad.

La responsabilidad principal recae, como es natural, en los liderazgos políticos, que son los que en definitiva dan las líneas de conducción, pero en este caso también en los distintos representantes que asumen cargos tanto en el nivel legislativo como en los planos locales. Se ha vuelto cada vez más notorio que la ciudadanía pide cuentas diferentes según sea el tipo de cargos de que se trate. Para el caso, en lo que a los gobiernos municipales se refiere hay una creciente tendencia a valorar la gestión por encima de la pertenencia ideológica, con lo cual se personaliza cada vez más la respectiva decisión ciudadana.

En lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, es opinión generalizada que dicho Órgano Fundamental debe emprender los reciclajes internos que no sólo despojen la gestión de cualquier tipo de radicalismo o abuso institucionalizado sino que le hagan sentir a la ciudadanía que está inequívocamente al servicio de sus intereses. Los vicios ya tradicionales en el manejo de las mayorías legislativas tendrían que quedar atrás, independientemente de las correlaciones de fuerzas que operen en los momentos sucesivos. Esto es indispensable para garantizar la salud política del proceso en general.

En definitiva, el término que hay que aplicar y cuya práctica irrestricta hay que exigir de aquí en adelante es el término “responsabilidad”, que de tantas maneras ha brillado por su ausencia a lo largo de esta nueva época del país. Al iniciarse el esquema de los concejos plurales y al configurarse la legislatura que estará en funciones en el trienio que inicia el 1 de mayo, hay la posibilidad de abrir un horizonte distinto en lo que se refiere a la gestión pública en esos planos de la misma. La democracia tiene que ir aprendiendo de sus experiencias, buenas y malas, para cumplir a plenitud con su cometido histórico.

La tarea básica para todos, representantes y representados, es ordenar las piezas dentro del tablero nacional, para que el juego se vaya dando cada vez con mayores seguridades de éxito, en pro del servicio al bien común. Habrá que reconsiderar, entonces, las líneas de acción, para que estén inequívocamente enfiladas hacia dicho servicio. En esto la transparencia desempeña sin duda un rol vital, así como también lo hacen los distintos mecanismos destinados a asegurar la probidad y la corrección en el desempeño de los cargos. Más allá del poder con que se cuente o de la pertenencia ideológica que se tenga, dentro de la sana lógica democrática nadie está libre del escrutinio ciudadano, sobre todo cuando la ciudadanía va ganando conciencia de su verdadero rol en el proceso.

Mantengámonos atentos, pues, a la conclusión final de los comicios recién realizados, y a la vez ubiquemos las antenas necesarias para seguirle la pista a lo que viene en lo inmediato.

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