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Por Dios... ¿En qué clase de país vivimos?

Como están de mal las cosas en El Salvador, ya no sería extraño que un día “veamos al diablo dando misa”.
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Por Dios... ¿En qué clase de país vivimos?

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Y esto lo digo no como crítica irreverente hacia la ritualidad o falta de respeto a la religiosidad; pero sí espiritualmente indignado frente a las garrafales equivocaciones que cometen muchos funcionarios públicos de este país, sean presidentes, ministros, diputados, alcaldes, magistrados, jueces y sin faltar los políticos, que con aviesa ignorancia, oculta perversión y hasta puede creerse que con premeditada maldad, le están acumulando a nuestra sufriente nación abominables condiciones de vida que lo único que presagian son futuro incierto y destino tenebroso.

Para nadie es sorprendente la fácil y reiterada tendencia que muestran muchos, dizque servidores públicos, en cuanto al ejercicio de acciones negativas, que por serlo, son inmorales, perjudiciales y destructivas del ordenamiento civilizador que debe demostrar “un Estado en buen estado”. Lejos de eso, adoptan disposiciones, políticas y prácticas contrarias a la moral, ética, razón y el bien común. Para muestra tres botones:

El caso de los diputados, quienes valiéndose de subterfugios jurídicos reforman la Ley de Extinción de Dominio con claras pretensiones de favorecer la corrupción y premiar a ciudadanos inescrupulosos y políticos corruptos, que con descarado cinismo, desde hace 37 años, se han hecho millonarios defraudando al erario público salvadoreño. Y ahora con extrema desfachatez se recetan su propia auto salvación patrimonial, para que el Estado no les incaute los bienes robados, porque –les guste o no les guste– la corrupción es una práctica de robo. Queda demostrado así, que para “la oligarquía partidocrática salvatrucha” la impunidad e inmunidad son derechos exclusivos e inalterables, no importando cuánto sufrimiento hayan causado sobre miles de salvadoreños, ya sea directa o indirectamente, con la práctica de este maldito mal social a lo largo de tantas décadas.

Haciendo lo propio, el poder ejecutivo mantiene un abierto enfrentamiento con el poder económico para ver quién hegemoniza el manejo de la considerable riqueza que generan los fondos de pensiones de los trabajadores nacionales que como siempre, ponen lomo, sacrificio y dinero a cambio de ganancias misérrimas como pago de unos ridículos intereses que jamás van a ser suficiente garantía para beneficiar con una digna pensión a los trabajadores a la hora de llegar su retiro laboral. Y lo más triste de esta vulneración económica sobre los retirados es que a la postre se traducirá en una débil sostenibilidad monetaria, que los terminará empujando a muchos a convertirse en trabajadores de la economía informal para lograr la supervivencia económica propia y de sus familias.

Pero la nota patética la han puesto los jueces que avalan el matrimonio de niñas con sus violadores. Nada más aberrante y perturbador para la sociedad que eso. Que el poder judicial se vuelva cómplice de perpetuar la degeneración moral, el abuso sexual y la alcahuetería de criminales violadores de menores es algo inaudito. Aparte de los consabidos efectos negativos que las violaciones de niñas y adolescentes representan para la vida de las propias víctimas y al país, que tiene que lidiar en el tiempo, con un fenómeno socioeconómico, de salud y demográfico que esconde latentes desequilibrios existenciales a causa de los embarazos precoces, la maternidad temprana y las vidas truncadas y frustradas de tantas salvadoreñas.

El futuro no pinta bien para El Salvador. Y ante esto no queda más que decir: “¡Dios... Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos!”
 

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  • Extincion de dominio
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