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Por el fortalecimiento de los partidos políticos

En agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional resolvió el proceso de inconstitucionalidad 43-2013. Desde entonces determinó que la Asamblea Legislativa tenía –entre otras– la obligación de desarrollar el derecho de acceso a la información ciudadana, y el principio de transparencia en los partidos políticos.

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Ante ello, ordenó que en dos meses se crearan disposiciones dirigidas a desarrollar “(i) la transparencia en el origen y destino de los fondos con que los partidos y sus candidatos financian su actividad; (ii) las estructuras organizativas de los institutos políticos, que incluya una instancia cuya función contralora garantice la rendición de cuentas; (iii) la garantía de los ciudadanos de acceso a la información de interés público en poder de los partidos”.

 

Han pasado más de tres años, y la Asamblea continúa incumpliendo esa sentencia. El pasado 8 de septiembre, encontrándonos a la vuelta de las elecciones de diputados y concejos municipales, la Sala emitió otra resolución de seguimiento, ordenado que a más tardar el 1 de noviembre, la Asamblea realice “las adecuaciones normativas que correspondan a efecto de cumplir con la sentencia de 22-VIII-2014 para regular lo relativo al derecho de acceso a la información financiera de los partidos políticos que permita a los ciudadanos conocer la identidad de las personas naturales o jurídicas que financian a dichos partidos y a sus candidatos, en qué concepto y cuantía lo hacen y cuál es el destino de esos fondos”.

 

El incumplimiento obliga a las autoridades competentes, dice la Sala, a “que se abstengan de entregar a todos aquellos partidos políticos que hayan participado en las elecciones de 2014 y 2015, cualquier suma de dinero en concepto de deuda política o de anticipo de la misma para las elecciones legislativas y municipales de 2018”.

 

En adición la Sala dispone que el TSE puede “valorar y decidir la inscripción o no para las próximas elecciones legislativas y municipales, de los candidatos de los partidos políticos que no rindan cuenta de su financiamiento”.

 

Es inaudito que una orden judicial emitida hace tres años aún no se cumpla. Y es aún más grave pues en esa falta se viola el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía. Los partidos políticos son vitales en nuestra democracia y aunque no son el único vehículo para acceder al poder, sí son el más importante.

 

Por eso es transcendental fortalecerlos y defender su institucionalidad. Y es precisamente eso lo que está propiciando la Sala de lo Constitucional.

 

Impulsar la democracia interna y la transparencia de los partidos políticos es fundamental para que estos se transformen en medios de organización política ciudadana. La opacidad en su financiamiento es caldo de cultivo para que grupos de poder ocultos –involucrados en actividades ilegales o no– controlen a los partidos, y sustraigan el poder de decisión a los ciudadanos que han buscado manifestarse políticamente en esos institutos.

 

A los ciudadanos que no están involucrados en partidos políticos, les interesa saber quiénes financian a los partidos. Es una información fundamental para decidir si votan o no por los candidatos que estos les ofrecen en tiempos electorales.

 

Pero son los militantes de los partidos quienes más deberían exigir transparencia dentro de sus instituciones. La transparencia es un mecanismo de contención a sus dirigentes y con ella los militantes pueden dejar de tener actitudes omisas y permisivas con las cúpulas, y pasar a ser verdaderos tomadores de decisiones en esas organizaciones.

 

Esperamos que la sentencia de la Sala se cumpla, y con ella se fortalezcan los partidos políticos, y nuestra democracia. Eso mismo esperamos de las futuras actuaciones del TSE, quien deberá cumplir con su rol constitucional y legal. De no ser así, sabemos lo que sucederá; y eso a nadie conviene.

 

 

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