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Por la libertad de expresión

En un país como el nuestro, defender la libertad de expresión tiene categoría de imperativo moral. No solo porque tenemos una larga tradición política de autoritarismo y censura, sino porque los líderes autoritarios y los intentos de acallar a la prensa están lejos de haber desaparecido. Identificar a estos enemigos de la libertad es trabajo permanente del periodismo sin ataduras; rechazarlos es labor de la opinión pública informada; condenarlos es tarea de un sistema judicial independiente.
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De hecho, si los defensores de los acusados no recurren a nuevas argucias para atrasar el proceso, en menos de dos semanas tendremos un fallo sobre los ataques cibernéticos que sufrió LA PRENSA GRÁFICA en 2015. El resultado final de este juicio posee una trascendencia indiscutible, sobre todo por el valioso precedente que supondría como apoyo a la lucha por la libertad de expresión.

El mundo de las comunicaciones ha cambiado radicalmente en el último par de décadas. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, la información de la que dispone en Internet un estudiante, durante un solo semestre de colegio, sobrepasa exponencialmente a la que un ciudadano europeo medio, en el siglo XIX, podía acceder a lo largo de toda su vida. Esta diversidad y agilidad en las comunicaciones ha obligado a los medios de prensa a realizar costosas inversiones para mantener sus niveles de competitividad y credibilidad en un planeta cada vez más mediatizado e interconectado.

La trayectoria de un medio informativo, ese prestigio bien ganado a través de los años, agrega seriedad y certidumbre a lo que se publica, precisamente porque la información disponible es abundante y porque, en consecuencia, las posibilidades de ser engañado o manipulado también han crecido. De ahí que se haya hecho necesario, en otras latitudes, crear marcos legales que protejan al periodismo libre de los crímenes cibernéticos, en tanto el pilar democrático de la libertad de expresión se vea amenazado por quienes desde el poder político se resisten a la crítica y al legítimo cuestionamiento de la prensa.

Los equilibrios son muy delicados en esta materia, hemos de estar conscientes. Que un político reaccione con inmadurez a la nota periodística que cuestiona sus actuaciones no es igual a que ese mismo político contrate troles para difamar sistemáticamente al medio que publicó la nota. Despotricar contra los señalamientos adversos revela mucho del carácter antidemocrático de un funcionario, pero no lo convierte en delincuente. Muy distinto es que este servidor público mantenga estructuras de ataques anónimos contra sus críticos y llegue al colmo de pagar para que se jaqueen páginas de periódicos, se clonen distintivos comerciales y se juegue con el prestigio de medios de comunicación.

Dicho sea a pie de página, nunca entendí muy bien por qué el alcalde de San Salvador se puso a defender públicamente a las personas que hoy son procesadas por haber materializado ataques cobardes a dos periódicos nacionales. Era comprensible que buscara desligarse de las relaciones, digamos, laborales que cabía inferir existían entre él y los acusados; pero de eso a exculpar a estos individuos, tratando luego de minimizar los hechos calificando todo el proceso como “juicio del meme”, carece de explicación lógica.

Quien dice no temer a la ficción tampoco tendría que tener miedo a los hechos. ¿Por qué el funcionario que se sabe limpio de vinculaciones con delitos cibernéticos apoya a quienes presuntamente los cometen? ¿No será que la tesis del “juicio del meme” esconde algo más que nerviosa ironía? ¿No será que estamos a punto de sentar el precedente que nos urge en El Salvador para defender integralmente la libertad de expresión, sólido pilar de cualquier sistema democrático?

 

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