¿Por qué no quieren ser transparentes?

Los partidos políticos en El Salvador se niegan insistentemente a revelar de dónde proviene su financiamiento. Desde que les fue ordenado por la Sala de lo Constitucional que hicieran de conocimiento público a los financistas, así como la cantidad de dinero que cada uno aporta, la Asamblea Legislativa se ha empeñado en esquivar de muchas formas el fallo; ha realizado distintas reformas a la Ley de Partidos Políticos, siempre haciéndose la desentendida con lo que la sentencia de inconstitucionalidad estableció.

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El 22 de agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional señaló que, en el plazo de dos meses, la Asamblea Legislativa debía realizar las reformas legales necesarias que permitieran dar a conocer el origen y destino de los fondos con los que los partidos políticos y sus candidatos financian sus actividades, la implementación de un mecanismo que permita la rendición de cuentas y garantice a los ciudadanos el acceso a la información de interés público en poder de los partidos políticos.

El 31 de octubre de 2014 se realizó la reforma a la Ley de Partidos Políticos, manifestando que los partidos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite los nombres de las personas naturales o jurídicas que realizan aportes al partido político y el monto de los mismos, pero insólitamente añadieron que esto debía ser “previa autorización expresa de los donantes de que se comparta esta información”.

Como no podía ser de otra manera, la Sala de lo Constitucional declaró incumplida la sentencia debido a que la condición plasmada no permitía el pleno conocimiento de la ciudadanía de la información de los partidos sobre su financiamiento.

Posteriormente, el 8 de septiembre de 2017, la Sala de lo Constitucional otorgó hasta el 1 de noviembre de 2017, para que la Asamblea Legislativa realizara las reformas ordenadas hace más de tres años y las cuales se han negado a cumplir a cabalidad.

Tristemente, la semana pasada se aprobó una reforma que nuevamente incumple la sentencia de inconstitucionalidad, ya que sin ningún criterio se estableció que solo se podrían conocer las donaciones que excedan de $1,500 para personas naturales y $5,100 para personas jurídicas. Salta fácilmente a la vista que esta nueva reforma a la Ley de Partidos Políticos no cumple con la Constitución y solo pretende establecer un nuevo obstáculo a la transparencia.

Resulta increíble que después de tantos intentos, a los diputados de la Asamblea les cueste entender que tienen que ser revelados todos sus donantes, sin ninguna excepción o condición, a fin de que exista una contraloría sobre la licitud o ilicitud de los fondos. Después de tantos subterfugios, pareciera que los partidos políticos algo esconden y se niegan a ser ejemplo de transparencia. Vociferan transparencia, pero con sus actuaciones predican oscurantismo.

La reforma recién realizada no cumple los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional, por lo que la previsible consecuencia de esta negativa será que los partidos políticos no recibirán la deuda política como se ha establecido en las resoluciones de seguimiento. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que reflexione sobre la actitud poco transparente y sospechosa que refleja al no querer revelar a sus donantes, pues están violentando el derecho de acceso de información de la ciudadanía y fomentando la corrupción.

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