¿Por qué no reaccionamos como los guatemaltecos?

Cuando hay más “respiraderos institucionales”, la indignación ciudadana transita menos por las calles.
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Ante la reacción positiva y masiva que ha venido teniendo la sociedad guatemalteca frente a la corrupción e impunidad que impregna su sistema político, muchos se han preguntado por qué en nuestro país no sucede lo mismo. ¿Será que acá hay menos corrupción que allá? ¿Será que nuestro sistema político está menos podrido que el del país vecino? ¿Será que los altos funcionarios guanacos son más honrados que los chapines? ¿O es que la química de la indignación o tolerancia de nuestros cerebros ciudadanos es diferente? Nada que ver. Aparte de las diferencias en montos involucrados en corrupción, esta no es muy diferente en Guatemala que en El Salvador, ni hay tanta distancia en descomposición del sistema político o falta de honradez de altos funcionarios, ni existe una hormona especial al otro lado de Las Chinamas.

Las variables explicativas de los diferentes comportamientos sociales entre ambos países son complejas y variadas, pues las hay históricas, culturales, sociológicas, etcétera. Acá solamente vamos a expresar algunas ideas en forma de hipótesis, y sin pretensión de explicar la totalidad del hecho que nos ocupa.

Un factor explicativo importante se encuentra en la institucionalidad, tanto del sistema político como del sistema de control. En Guatemala la institucionalidad del sistema político es disperso, y la institucionalidad de control, excepción reciente del tándem Fiscalía-CICIG, ha sido históricamente débil. Mientras que en El Salvador, la institucionalidad partidaria es fuerte, y existe, aunque más recientemente, cierta institucionalidad de control que funciona (Sala de lo Constitucional, Sección de Probidad de la CSJ, Instituto de Acceso a la Información Pública y Fiscalía General). En otras palabras, en El Salvador existen más “respiraderos” a la indignación ciudadana que en Guatemala. Y cuando hay más “respiraderos institucionales”, la indignación ciudadana transita menos por las calles.

Por un lado, el hecho que en El Salvador exista un sistema de partidos fuertes (aunque lo fuerte no es sinónimo de calidad), especialmente dos partidos con arraigados cimientos históricos, favorece que buena parte del descontento ciudadano ante la corrupción se deposite en el accionar de la lucha y confrontación partidaria. En Guatemala, ante la ausencia de este “respiradero político”, y dada la dispersión y atomización partidaria, buena parte de la ciudadanía deposita su indignación en el accionar de la “protesta de calle”.

Por otro lado, a pesar del reciente y acertado desempeño de la Fiscalía/CICIG y de otras instancias del sistema judicial, en Guatemala ha existido una institucionalidad de control menos consolidada que la nuestra (con sectores narco incontrolables). La institucionalidad construida en nuestro país después de los Acuerdos de Paz, a pesar de su creciente deterioro, ha funcionado (aunque cada vez menos) como respiradero institucional a las combustiones ciudadanas que surgen a raíz de los actos de corrupción e impunidad de la clase política. Se podría decir que la olla de presión del descontento ciudadano en El Salvador ha encontrado más escapes institucionales que en Guatemala.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que el quiebre o retroceso institucional provocado por el sistema político puede convertirse en factor movilizador de la ciudadanía, especialmente cuando la institucionalidad es débil. Es lo que ha pasado en Guatemala, con la amplia protesta social ocasionada por los intentos presidenciales de eliminar la CICIG y las descaradas medidas legislativas de protección de los corruptos. Mientras en el país, todavía no hemos experimentado intentos contundentes y súbitos de quiebre institucional, a pesar de los esfuerzos de control o neutralización de la Sala de lo Constitucional, o de otras instancias de control. Las intervenciones de ocupación partidaria de las instituciones han sido más graduales y solapadas, y por tanto no han generado hechos desencadenantes de amplia movilización ciudadana.

Sin embargo, valga señalar que la cualificada protesta ciudadana en torno al decreto 743 fue una señal de que en nuestro país la creciente movilización virtual de la ciudadanía puede transitar a una mayor movilización de calle frente a hechos disruptivos institucionales provocados por la clase política. Camino difícil pero no imposible si se trabaja con acierto y perseverancia.

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