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Por una buena Administración Pública

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El pasado 13 de febrero fue un día trascendental para el país. La fecha pasó un tanto desapercibida, pues la posibilidad que los diputados dieran una prórroga a la entrada en vigor de la ley tenía al pendiente a muchos interesados. Sin embargo, el día llegó. El pasado miércoles se cumplió un año de la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Procedimientos Administrativos y finalizó la "vacatio legis" dada por la Asamblea Legislativa. El Salvador ya cuenta con una ley que regule el actuar de la Administración Pública cuando los ciudadanos nos presentemos a realizar peticiones.

La nueva Ley de Procedimientos Administrativos viene a dotar de seguridad jurídica a las relaciones entre las instituciones públicas y la ciudadanía. Ahora la Administración Pública tiene mayor certeza de cuál debe ser su manera de actuar ante las peticiones de la ciudadanía que se presente ante ella. Y los ciudadanos gozamos de más claridad sobre cuáles son nuestros derechos y cómo hacerlos respetar conforme a la ley.

Por ejemplo, si usted llega a hacer un trámite ante cualquier institución pública, con esta nueva ley hay un plazo determinado para que la autoridad le conteste, no se podrá dilatar arbitrariamente la solicitud e incurrirá en responsabilidad el funcionario que lo haga; y además, ahora los ciudadanos tenemos derecho a presentar los reclamos que consideremos pertinentes, a que los servicios prestados por las instituciones sean de calidad y a que los datos personales sean tratados con la debida confidencialidad.

Por otra parte, con esta nueva Ley de Procedimientos Administrativos se unifican aspectos generales de los procedimientos ante las instituciones, tales como los requisitos que debe cumplir la persona que solicite un trámite, los documentos a presentar, el contenido mínimo que debe cumplir una petición, los plazos y cómo se cuentan, y los recursos que un ciudadano puede presentar en el caso que su petición haya sido rechazada de manera inicial o no esté de acuerdo con la manera en que se le resolvió. Bajo esta ley, se debe procurar la eliminación de trámites innecesarios y las instituciones deben abstenerse de exigir documentos de uso común que obren en registros públicos, tales como DUI o NIT. En corto, la finalidad principal de la ley es facilitar la relación y dinámica entre las instituciones públicas y los ciudadanos.

Con estas reglas se busca que la administración pública realice su trabajo de manera más eficiente, mediante la simplificación y concentración de trámites; además, se espera que se reduzcan al mínimos los márgenes de arbitrariedad en la toma de decisiones; se establece la responsabilidad que los funcionarios deben asumir en el caso que retarden la tramitación de los procedimientos, que exista un funcionamiento anormal de la institución o que haya violación a derechos constitucionales.

La Ley de Procedimientos Administrativos se constituye como un gran avance en el desarrollo institucional de nuestro país. Con mucho esfuerzo y espera, la ley ya fue creada y la "vacatio legis" superada. Ahora su consolidación es deber de todos; el fortalecimiento de la ley se dará a medida transcurra su aplicación por las instituciones, así como cuando los ciudadanos exijamos su correcto cumplimiento en las solicitudes ante la Administración Pública. Ciudadanos, hay que hacer valer nuestros derechos.

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  • Ley de Procedimientos Administrativos
  • Administración Pública
  • ciudadanos
  • petición
  • trámites

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