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Porfía o razón en pensiones

En relación con las pensiones, analicemos este ejemplo hipotético. En El Salvador los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. Las proyecciones elaboradas por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) indican que en 2017 la población que sobrepasa ambas edades asciende aproximadamente a 850,000. Si se les otorgara una pensión de $300 mensuales fijos per cápita, sería necesaria una suma de $3,000 millones anuales.
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¿El Estado está en condiciones de absorber ese pago tomándolo de los impuestos, considerando que equivale justamente a la mitad del gasto público total de $6,000 millones? Además, ¿cuándo el Estado debe atender un contexto amplio de carencias y necesidades, que lo sobrepasan, tales como bienes públicos, seguridad pública, educación, etcétera? Es muy difícil.

Debido a ello, es necesario considerar otro canal de recursos, que son las contribuciones. Una contribución es distinta al impuesto, porque se entrega para obtener un beneficio, en este caso por un derecho de pensión. Para simplificar, si se dispone de un salario homogéneo, de $300 para todos aquellos en edad de trabajar, y una contribución de 14 % para el derecho de pensión, se contribuiría con $42 mensuales y se recaudarían $1,000 millones al año, con lo cual se podría pagar alguna parte, pero no todas las obligaciones de pensiones en curso. Esta es la manera en que funciona un régimen de reparto, donde el Estado, con base en transferencias intergeneracionales, todavía mantiene un déficit en una situación insostenible y debe asumir $2,000 millones con impuestos.

Por el contrario, si esos $1,000 millones anuales no se usaran para pagar pensiones, es decir, no se gastaran, y se colocaran en un fundo de ahorro con una adecuada rentabilidad de 4 % de interés, más su capitalización, el cálculo correspondiente arroja que en 28 años exactos se obtendría un capital de $50,000 millones. Este capital es capaz, recibiendo los $1,000, de pagar los $3,000 millones completos para pensiones, de manera autosostenible, todos los años hacía adelante. Esta es la manera en que funciona la capitalización individual, sin transferencias intergeneracionales, con cero déficits actuariales, independiza al Estado, o de tener una fuente de financiamiento o de destinar parte de los impuestos.

A este punto, acoto, el anterior esquema es una reducción de la realidad; sin embargo, ilustra cómo el país está en medio de esos dos puntos. En esencia, la reforma de 1996, con la creación del fondo de pensiones, fue una apuesta por la capitalización individual, que aunque implica un período de transición, cambiaba la situación de mantener un déficit permanentemente y creó recursos que no existían antes, que son de los trabajadores, pretendiendo construir un escenario donde los que cotizan pagan su pensión sin crear déficit. También, continuar aumentando el porcentaje que podía tomar prestado el Estado del fondo a través del fideicomiso, pagando un bajo interés, colocaba derechos en opción, los de los pensionados actuales y los futuros, y además, aumentaba el déficit actuarial del Estado, con apremio más adelante, porque el bajo interés agota más rápido los saldos en las cuentas individuales y no permite que se puedan acumular, y más rápido el Estado entra a financiar la pensión mínima.

A pesar de lo que ha acontecido, la nueva propuesta del Gobierno insiste, con porfía, en retroceder a la situación anterior de 1996, porque implica tomar el 50 % del saldo de lo ahorrado en su cuenta individual más el 8 % de su salario, y colocarlo en un fondo colectivo, y con ello pagar pensiones. Llevar a la práctica lo anterior quebranta la propiedad individual e implica ir por el camino del sistema de reparto que perpetúa el déficit en una situación insostenible, justamente como en el ejemplo, de ahí que contemple un aporte adicional del presupuesto, lo que eleva la incertidumbre, porque depende, entre otros aspectos, si el Estado cuente con fondos suficientes o no.
 

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