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Predicar valores constitucionales

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Las tareas y compromisos de todos, gobernantes y gobernados, debe ser la de promocionar y consolidar un Estado Constitucional de Derecho. Eso implica entre una de sus obligaciones esenciales respetar al Órgano Judicial, sus magistrados y jueces, pues su poder jurisdiccional lo deben ejercer de forma independiente dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, como así lo estipula el artículo 86 de la Constitución (Cn.). Desde los Acuerdos de Paz, el cumplimiento de esa norma constitucional requirió un nuevo replanteamiento de las relaciones de poder, pues no se olvide que antes, la idea del magistrado era la de un funcionario sumiso del Poder Ejecutivo. El derecho estaba sometido a la política partidaria.

Para argumentar a nuestro favor, todavía recurrimos al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789): “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”. Gracias al actual desarrollo del constitucionalismo, la ciudadanía es más consciente sobre el significado del respeto a los derechos fundamentales y competencias de los órganos de gobierno, situación que ha derivado en una mayor vigilancia social hacia el comportamiento de los gobernantes.

La vigente Constitución de 1983 representó un avance en la parte del Órgano Judicial, especialmente con el reconocimiento constitucional de la independencia judicial de sus funcionarios, y sobre el control constitucional de los actos de gobierno al crear una Sala de lo Constitucional (SC). Al respecto, el Informe Único del proyecto de Constitución expresó que los magistrados de la SC “ejercen una función y administran una justicia que reúne caracteres de orden políticos, NO DE POLÍTICA PARTIDISTA” (las mayúsculas son mías). En verdad, la práctica difícil e incómoda de esa atribución comenzó después de los Acuerdos de Paz, donde las diferentes Salas han respondido –unas más que otras– a la dinámica de las demandas sociales del momento.

En virtud de lo anterior, frente a las sentencias definitivas de la SC –máximo intérprete de la Constitución, y tribunal de cierre en dicha materia–, el presidente de la República debe dar preferencia a acciones sensatas y prudentes. Hay una razón especial: él tiene por su cargo la responsabilidad y obligación constitucional, más que cualquier otro funcionario, de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución”, y “Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores”. En consecuencia, este debate debería acogerse para predicar valores constitucionales y democráticos.

Para no esquivar ninguna clase de cuestionamientos a la SC, somos del criterio que las sentencias deben ser discutidas por todos los sectores sociales, en donde las instancias de gobierno deben tener un rol protagónico en su difusión. De esa forma, conociendo la verdad de los hechos, la aplicación de la norma constitucional y su interpretación en cada proceso, no solo tendremos la capacidad de advertir la orientación de las sentencias, sino que seremos partícipes de una cultura de respeto a la separación de poderes, y a la independencia judicial. Pero los cuestionamientos a la SC con tintes ideologizados, amorfos jurídicamente, no son saludables para el Estado de Derecho.

Si dentro del hábitat de la sinrazón se privilegia la toma de calles, quizás fundamentada erróneamente en “los resultados de urnas”, debemos recordar que dentro de las reglas que hemos aceptado respetar está la función jurisdiccional, cuya fuente de legitimación es “la voluntad popular que se expresa en la ley, y por tanto la “verdad jurídica” de los presupuestos de las decisiones que constituyen su ejercicio (Luigi Ferrajoli). Los ciudadanos nos expresamos mayoritariamente a favor de la función jurisdiccional.

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