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Cristian Villalta

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Dos maldiciones persiguen a nuestro pueblo, la pobreza y el autoritarismo. Hijas putativas de la acumulación y el despojo, nos empujaron en la centuria pasada a un genocidio y a una guerra civil.

En este siglo, la apertura democrática le cerró muchos grifos al autoritarismo, que ahora se ceba de modo exclusivo con la juventud de renta baja, reducida a unas condiciones de exclusión y represión que no tienen nada que envidiarles a las de hace 40 años.

La fractura que el autoritarismo dejó en la convivencia nacional no se reduce a los más que latentes modos de nuestros cuerpos de seguridad; la posibilidad de que un poder, generalmente el del Estado, no sólo pueda sino que a veces deba extinguir cualquier expresión por legítima que sea en aras del bien "general", es socialmente aceptada y con pocas excepciones.

Algunos de los más urgentes debates sobre el combate a la delincuencia, la recuperación de los territorios y la penetración del Estado en órdenes actualmente secuestrados por la marginalidad terminan precozmente con un manierismo autoritario. Hasta los políticos más desacreditados se permiten esas expresiones porque son populares en un país en el que la población está tan descreída de la democracia que le ha perdido aprecio a la libertad.

Los dos partidos políticos que condujeron al Estado durante la posguerra comparten ese germen desde su fundación. El resultado de las presidenciales 2019 debe servir como almádena final para destruir la contradicción esencial de Arena y Fmln: ofrecerle democracia a la población desde un instrumento autocrático, tan arbitrario como lo demandasen las necesidades de los señores a los que han servido.

Efecto inevitable de 30 años de tal ejercicio democrático, con seis administraciones producto de esa maquinaria, fue que a las instituciones les haya costado tanto tiempo empoderarse; por eso hemos tenido en el pasado reciente a magistrados de la Sala de lo Constitucional o a un Fiscal General de la República que en lugar de recibir el apoyo gubernamental debieron enfrentarse incluso directamente con el jefe del Ejecutivo.

La partidocracia y la vocación autoritaria de los poderes que han mandado en El Salvador le doblaron las más de las veces la cerviz a nuestras instituciones. Por eso es que el juego de contrapesos necesario para la salud democrática es todavía endeble. Un sistema así, sin el músculo y la independencia necesarias para fiscalizar a sus administradores, es patio de juegos para la corrupción.

El chasco arenero del 3 de marzo clausura una racha de resultados electorales, sí. Pero más que el ocaso del bipartidismo, a nuestra nación lo que le urge es romper para siempre con el autoritarismo.

Que no nos quepa duda, el ejercicio político criollo cambiará para siempre. Es, quizá, el canto del cisne del Fmln. Arena está huérfana de liberales. Pero ¿las instituciones recibirán el espaldarazo que necesitan? ¿Se honrará la independencia de poderes o se pretende discutir un nuevo modelo constitucional? ¿Nuestra democracia madurará o sólo mutará en otro grado de la intolerancia?

Son las mismas preguntas que nos hicimos tras el primer triunfo del Fmln pero con una diferencia fundamental. Hace 10 años, se creyó que la alternancia fortalecería la convicción democrática.

Hoy, la alternancia emociona a miles porque sabe a quiebre, a cisma, a ruptura, antojos del alma cuando se está harto. Pero el futuro sólo será brillante si los administradores se resisten a sus apetitos, si el ejercicio público se ocupa como servicio y no como vendetta y si el Estado deja de hacer lo mismo de siempre a los mismos de siempre.

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