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Preguntas a granel luego de publicación periodística

La potencial comisión de delitos al mantener un proceso así en la oscuridad debe ser investigada, por supuesto, pero que la herramienta de la conversación con esos grupos haya sido frecuentemente utilizada con miserables fines electorales no agota la reflexión sobre este tema.

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La Prensa Gráfica

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Información publicada el martes por el periódico digital El Faro abre la ventana a urgentes preguntas acerca de la coyuntura de inseguridad que los salvadoreños sufren desde finales de marzo. La investigación consta de varios audios en los que se escucha a dos personas refiriéndose a beneficios que el gobierno de GANA habría tenido con pandilleros, al cese de ese régimen de prebendas a raíz de los asesinatos de marzo y a una mesa de conversaciones que se habría roto. El medio sostiene que una de las personas en esos audios es un funcionario.

La identificación de esa persona es fundamental porque en las pláticas telefónicas se mencionan unas conductas y unos hechos que serían constitutivos de delito. Las pericias hechas por El Faro le indican que se trata del hombre clave en materia de Reconstrucción del Tejido Social, uno de los ejes de seguridad del gobierno y que actualmente está en el completo olvido.

Aunque el régimen no se ha expresado al respecto, de suyo un reflejo automático de sus comunicaciones que no por eso excusa ese silencio ante una materia así de grave, de esos audios se deduce una relación de sucesos que calza con lo que se ha sufrido en El Salvador cronológica, política y propagandísticamente en el último par de meses.

Más que las valoraciones éticas y jurídicas que saltan a la vista y a las cuales será muy difícil que el ministerio público les dé la espalda aun cuando el órgano judicial parece completamente desdentado a conveniencia de algunos actores, hoy desde estas líneas se pretende volver al centro de la discusión de las controversiales relaciones que el Estado salvadoreño y algunos de sus institutos políticos tuvieron, han tenido y/o sostienen con las pandillas.

En primer lugar, ¿la recurrencia y tendencia de los partidos políticos y de los funcionarios de diversos gobiernos a conversar con los cabecillas de estas asociaciones delincuenciales está inspirada sólo por cálculo electoral y estrategia en el terreno antes de las elecciones, o la impulsa un auténtico deseo de entender el fenómeno?

Siguiente pregunta: la comprensión del problema, entiéndase de la marginalidad como tara estructural y de su transformación en un motor de violencia, incluida la que luego se convierte en sicariato, extorsión y otros delitos asociados a las pandillas, ¿ha llevado a los sucesivos gobiernos a la conclusión de que es posible desmontar a esas organizaciones a través de la negociación? Si la respuesta es sí, ¿a qué costo y bajo qué amparo constitucional? Y si la respuesta es no, ¿qué sentido tienen entonces los diversos manodurismos incluido el actual estado de excepción?

Entender si el enfoque de las administraciones de este siglo ha partido de un diagnóstico común es acuciante, mucho más que definir si la incongruencia de los discursos políticos con las actuaciones en materia de seguridad ha sido hipócrita, una burla o un etcétera tan largo como se desee. La potencial comisión de delitos al mantener un proceso así en la oscuridad debe ser investigada, por supuesto, pero que la herramienta de la conversación con esos grupos haya sido frecuentemente utilizada con miserables fines electorales no agota la reflexión sobre este tema.

Finalmente, hay una pregunta elemental, quizá anecdótica o quizá no, que la nación merece le satisfagan: si hay vasos comunicantes entre la política y la delincuencia y su rompimiento supuso los trágicos eventos de marzo, ¿qué fue lo que rompió el equilibrio sobre el cual se mantuvo durante años la meta de los cero homicidios?

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