Lo más visto

Preocupaciones ciudadanas sobre la institucionalidad democrática

Enlace copiado
Preocupaciones ciudadanas sobre la institucionalidad democrática

Preocupaciones ciudadanas sobre la institucionalidad democrática

Preocupaciones ciudadanas sobre la institucionalidad democrática

Preocupaciones ciudadanas sobre la institucionalidad democrática

Enlace copiado
Una de las prácticas que afectan negativamente el funcionamiento de las instituciones democráticas es que sus titulares no sean idóneos y que no persigan el interés general, sino que busquen intereses particulares o que actúen conforme a directrices de los partidos o de otros sectores de poder. Cuando el ciudadano no se siente debidamente representado por los funcionarios elegidos para ello, ya sea por actuaciones ilegales, corrupción o una gestión deficiente, la confianza en las instituciones disminuye.

La Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional y la gran responsabilidad de elegir a funcionarios de instituciones que ejercen atribuciones importantes dentro del Estado: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Cuentas de la República (CCR), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Sin embargo, cada vez que tienen que llevarse a cabo dichas elecciones aparece el temor del reparto partidario de instituciones con fines políticos, el cual se incrementa cuando coincide que varios funcionarios deban elegirse de forma simultánea, ya sea porque su período vence al mismo tiempo o porque se retrasan las elecciones para que se acumulen varias de ellas.

Durante 2015 y principio de 2016 debieron realizarse varias elecciones de segundo grado: CSJ, CNJ, FGR y PGR, siendo el elemento común que en todas hubo retrasos, a tal grado que aún está pendiente la elección de cinco miembros del CNJ, quienes debieron haber sido elegidos en septiembre de 2015. En dichas elecciones existió el temor de que se quisieran juntar, habiendo incluso expresado un diputado en un foro académico sobre la elección de magistrados de la CSJ que “el combo ya se había armado”. Tengo la impresión de que esto no sucedió en gran medida por la presión que hicieron distintos sectores de la sociedad civil.

La preocupación que existe actualmente no solo es que la Asamblea Legislativa lleva nueve meses de atraso en la elección de cinco miembros del CNJ, sino que en agosto terminan su período los dos únicos miembros que se están desempeñando como consejales, de modo que se puede estar planeando elegir a los siete miembros del CNJ al mismo tiempo, con lo que el atraso llegaría a casi un año. Me parece que uno de los aspectos que está detrás del atraso y que es sumamente delicado es el interés en controlar políticamente la elección de la CSJ en 2018, ya que el nuevo CNJ propondrá la mitad de la lista de candidatos a magistrados, a partir de donde la Asamblea Legislativa elegirá a cuatro magistrados de los cinco que integran la Sala de lo Constitucional y uno más que iría a otra sala.

Como si lo anterior no bastara, se han empezado a escuchar las intenciones de sumar a la negociación política la elección del titular de la PDDH, el cual debe elegirse en agosto próximo, así como incluir la reforma al sistema de pensiones. Con todo esto no tendríamos otra cosa más que una especie de “combo tóxico” en detrimento de los intereses nacionales.

La sociedad civil debe estar atenta a lo que suceda en la Asamblea Legislativa y exigir que las elecciones de funcionarios se hagan de forma transparente y respetando la Constitución, para elegir con base en la idoneidad. Debe rechazarse cualquier componenda política que traiga como consecuencia minar la institucionalidad democrática, tal como sería pavimentar el camino para tener en 2018 una Sala de lo Constitucional que carezca de independencia y que sea complaciente con el poder político.

Tags:

  • eleccion
  • asamblea
  • cnj
  • funcionarios

Lee también

Comentarios