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Presidente: procure la armonía social

En la última cadena nacional de radio y televisión convocada hace unos días, escuchamos las reacciones del presidente de la República ante la decisión de la Sala de lo Constitucional de dejar sin efecto las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, por las que se elevaba de 45 % a 50 % la inversión que obligatoriamente tendrían que hacer las AFP en certificados de inversión previsional.
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En su intervención, el presidente envió un mensaje que desentona con su mandato constitucional. Tenemos un sistema presidencialista y es por eso que en el art. 168 de la Constitución se establece que el presidente de la República, además de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, debe “procurar la armonía social”. No es fortuito que la única ocasión en la que la palabra armonía aparece en la Constitución es precisamente en ocasión de señalar su obligación como presidente de procurarla.

De ahí que en sus alocuciones públicas, sobre todo cuando son en reacción a la actividad desplegada por otros Órganos del Estado, debe medir cuida dosamente sus palabras. El presidente está en todo el derecho a manifestar su desacuerdo con las actuaciones de los demás Órganos, pero no puede lanzar acusaciones infundadas que constituyen una afrenta al respeto institucional que debe prevalecer y que propician otra suerte de reacciones en una sociedad que ya sufre de elevados niveles de polarización.

No puede acusarse a la Sala de lo Constitucional que querer crear caos y desestabilización o de querer impedir el pago de las pensiones; no puede trasladarse a la Sala la responsabilidad de la crisis en el sistema previsional; y mucho menos puede lanzarse una invitación a la población a apoyar medidas presidenciales en abstracto, cuando a tal invitación la preceden expresiones en las que se lanza un innecesario reto a la Sala.

No es esa la manera de cumplir con la Constitución, no es esa la manera de procurar la armonía social, y no es esa la manera de respetar el Estado de derecho y la separación de poderes. Lo que se espera del presidente es que luego de expresar su desacuerdo con una decisión judicial –si lo hubiere– y luego de señalar técnica y objetivamente las razones de su desacuerdo, proponga de inmediato las acciones concretas o las políticas públicas específicas que van a implementarse para dar solución a la necesidad social de que se trate.

En el caso específico del sistema previsional, el presidente no puede desconocer que tiene un altísimo grado de responsabilidad en la crisis que hoy vivimos. Está claro que el génesis del problema data de varios años atrás, pero también está claro que ni en este gobierno, ni el anterior en el que él era vicepresidente, se ha querido solucionar el mismo de manera técnica y pensando en los cotizantes y pensionados. Lo que ha prevalecido es un enfoque limitado y puramente fiscal que jamás solucionará el problema de fondo.

La decisión de la Sala solamente reitera algo que ya había señalado antes, algo que el presidente ya sabía. El presidente pudo detener esa reforma y no lo hizo porque alegó que no veía vicios de inconstitucionalidad en donde claramente los hay. El máximo intérprete de la Constitución simplemente ha hecho uso de su atribución constitucional de hacer ejecutar lo juzgado.

Por eso es que respetuosamente pedimos al presidente de la República que a la brevedad posible promueva la reanudación de las conversaciones para encontrar soluciones conjuntas y viables a la crisis previsional. Asimismo, que contribuya para que en la Asamblea se cumpla con el equilibrio presupuestario para 2017, que también ya fue conocido y resuelto por la Sala y que hace directa referencia a los fondos que se necesitarán para el pago de pensiones.
 

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