Prestaciones por ley vs. austeridad

Parece que la equidad no ha marchado paralela y coherente con ciertas prestaciones por ley contraídas por instituciones del Estado, colocándolas en una posición difícil, con serias disyuntivas, cuando las finanzas del país entran en crisis y se tiene que recurrir a medidas de austeridad para frenarla, lo cual pone en riesgo conquistas sociales, tal el caso de algunos sistemas escalafonarios en vigencia.

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Este problema se vuelve complejo a la hora de elaborar presupuestos de nación, cuando las soluciones fiscales son complicadas. Ello ocasiona tirantez entre la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo, en su representación hacendaria. Esas proyecciones desfinanciadas colocan trancas a las leyes de fiel cumplimiento. Por eso es importante que en el futuro existan evaluaciones consensuadas, de donde surjan prestaciones justas y equitativas. Los responsables de esa concreción deben estar conscientes de que todo lo que sustente el presupuesto esté libre de remiendos especulativos. Lo mal proyectado constituirá un incómodo legado para las generaciones venideras.

Estadísticas oficiales vienen arrastrando una dura realidad: que diferente vara rasera se aplicó a prestaciones aprobadas; de allí que existan escalafones tan desiguales, o sea instituciones con mayores ventajas en los salarios. En otras, en cambio, sus retribuciones son bajas y casi inamovibles.

Como ejemplo, en Salud Pública y Asistencia Social, su escalafón, según ley, señala un incremento salarial de hasta un 8 % cada año, considerando antigüedad y una normativa evaluadora, que algunos aseguran que no se cumple; mientras que en Educación, los incrementos son de 6-10 % cada cinco años, regulados por niveles y antigüedad. La Policía Nacional Civil se rige por un escalafón para incrementos, de 5-6 % cada cuatro años. Además, fuera de esa cobertura prestacional, existen dependencias que sufren incumplimientos laborales, como FOSALUD en el ramo del Ministerio de Salud y Asistencia Social y SIMEDUCO, en Educación. Para nadie es desconocido que los ministerios y otras instituciones no realizan, como debe ser, sus obligaciones de inversión, porque salarios, prestaciones adicionales y la creación de plazas selectivas absorben parte significativa de los presupuestos.

De lo expuesto, surgen interrogantes: ¿Sería posible una revisión general de estas prestaciones tan desiguales con el fin de establecer un patrón general? ¿Se respetará lo aprobado porque es obligación mantenerlo según lo exige la ley? ¿Ante la deprimida economía del país es valedero, entre otras cosas, un congelamiento –sujeto a tiempo– de tales beneficios? Asimismo, ¿qué actitud tendría la Sala de lo Constitucional, ante alguna demanda, argumentando la falta de equidad en el caso? y ¿aceptarán próximos legisladores hacer una revisión de leyes, con esa temática, a sabiendas de los costos políticos que ello ocasiona?

Una cosa es cierta e irrebatible: Si existe un sano, eficiente y austero manejo de la economía y se ordenan sus fuentes tributarias, se prescindirá de malabarismos presupuestarios y se contará con los fondos suficientes para desarrollar los programas, más que todo sociales, que mandata la Constitución.

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