Préstamos, ¿un “cheque en blanco” para el Ejecutivo?

Como si fuera ya algo natural y esperado, la semana pasada se intentó en la Asamblea Legislativa obtener autorización para la emisión de 152 millones de dólares en bonos para las “medidas extraordinarias de seguridad”. Por el momento, la autorización no ha sido concedida.
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Desde 2009 a 2015, el Ejecutivo ha erogado más de 5 mil millones de dólares en nueve emisiones de títulos valores, según consta en los decretos legislativos publicados en el sitio de internet de la Asamblea. De acuerdo con los registros, el Gobierno ha tenido a su disposición miles de millones de dólares en préstamos, todos los cuales han sido solicitados para fines específicos, pero que han terminado siendo utilizados –en todo o en parte– en el financiamiento de gasto corriente proveniente muchas veces de un presupuesto desbalanceado.

Preocupante que esto incluye el pago de salarios de los más de 40,000 nuevos empleados públicos, sin que los usuarios de los servicios hayamos experimentado una mejora sustancial en los servicios prestados.

Los créditos también sirvieron para el financiamiento de programas sociales, entre ellos, la pensión básica, la ampliación del programa de alimentación escolar, los uniformes y útiles escolares y la eliminación de las cuotas sociales que se cobraban en los hospitales, entre otros. Los programas sociales no son un problema en sí mismos, pero sí que hay un problema cuando los créditos obtenidos se utilizan exclusivamente para gastar y no para fines productivos y sobre todo en un contexto en que los niveles de endeudamiento ya llegan a límites alarmantes.

Estamos conscientes de que es importante al momento de emitir una opinión evitar que esta se convierta en un “no porque no”. La idea de expresar preocupación por la creciente deuda pública es porque no estamos percibiendo que las deudas estén siendo adquiridas para fines productivos, y lo que es peor, no existe ningún registro transparente y confiable, que informe a la ciudadanía que dichos préstamos estén siendo realmente empleados adecuadamente en los fines para los que fueron aprobados. Tenemos que poder fiscalizar el uso de tales créditos.

Entendemos que es práctica habitual y muchas veces necesaria que un Gobierno solicite préstamos internos, así como internacionales; pero no podemos desconocer que en nuestro país existe un claro uso y abuso de esta herramienta de fondeo, ya que ante la falta de una estrategia clara para el uso de los fondos, con objetivos definidos, siempre se estará hablando de “necesidad de dinero” que al ser mal utilizado, nunca servirá para resolver los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad.

Consideramos que ha llegado el momento en que autoridades, partidos políticos, diputados, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil, promovamos un amplio acuerdo fiscal, el cual no puede únicamente entenderse en pagar más y mayores tasas impositivas, sino que implique acuerdos tan sensibles y relevantes como la austeridad en el gasto público, el cual de continuar a este ritmo pronto nos hará caer en insolvencias relevantes, como lo sería el pago de los préstamos internacionales o el pago de los salarios de la PNC, solo por citar algunos ejemplos.

Consideramos que este es un momento apropiado para establecer límites al monto de la deuda pública en relación con el producto interno bruto. Establecer por ley un mecanismo que brinde un “tope” a las deudas que puede adquirir un gobierno es un mecanismo relevante que en sí mismo promovería la austeridad y la responsabilidad de nuestros gobernantes, la cual pareciese que vive del hoy olvidándose del mañana, como si supieran que los préstamos que se obtienen hoy no fueran a convertirse en pesadas obligaciones de las futuras generaciones.

Los préstamos adquiridos por el Gobierno no deben ser vistos como un “cheque en blanco”.

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