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Presupuesto 2018: oportunidad para ordenar las finanzas públicas

En El Salvador falta dinero para mejorar los hospitales y las escuelas, para reparar las calles, para pagar las obligaciones previsionales que tiene el Estado con los trabajadores, para fortalecer a la Fiscalía General de la República y para muchas otras necesidades; sin embargo, se gastan recursos en carros de lujo, en viajes y viáticos; en millonarias campañas publicitarias; en donaciones poco transparentes a oenegés, etcétera. Todo lo anterior es, entre otros aspectos, el resultado de la administración deficiente de las finanzas públicas, la cual inicia desde la elaboración del presupuesto del Estado en contra de principios constitucionales de obligatorio cumplimiento para las instituciones involucradas en su elaboración y aprobación.
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Recientemente se ha abierto una oportunidad para empezar a solventar este problema. La Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional el presupuesto de 2017, poniendo un alto a la práctica que por más de una década ha posibilitado el desorden en las finanzas públicas. Desde luego, la sentencia no ha sido bien recibida por el Gobierno, a pesar de que atiende un problema que distintos sectores de la sociedad venían señalando desde hace varios años.

A partir de esta sentencia, no debería repetirse la práctica de elaborar y aprobar presupuestos incompletos, irreales, artificialmente balanceados y por ende inconstitucionales, pues vulneran los principios de equilibrio y universalidad presupuestaria exigidos en el artículo 227 de la Constitución (Cn.). Esto significa que el Órgano Ejecutivo, en cuanto le corresponde la dirección de las finanzas públicas, está obligado a conservar el equilibrio del presupuesto, manteniendo la congruencia entre gastos, ingresos y partidas presupuestarias; asimismo, que conforme con el principio de universalidad, debe incluir todos los ingresos y egresos, y en relación con esto último, no se pueden omitir egresos que se tendrán con certeza durante el año, tal como sucedió con el Presupuesto 2017, en donde para la partida relativa al pago de la deuda por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), se incluyó un monto de mil dólares, cuando lo que debía pagarse eran cerca de 220 millones de dólares. ¡Menuda diferencia!

Es importante señalar que, de conformidad con la sentencia, se debe ajustar el Presupuesto 2017 antes de que termine el mes de octubre del presente año. Asimismo, el próximo mes de septiembre, el Órgano Ejecutivo debe presentar el proyecto de Presupuesto 2018 a la Asamblea Legislativa para que esta lo apruebe, el cual debe cumplir obligatoriamente lo que establece la Constitución y ahora, la jurisprudencia constitucional. Esto último no puede ser de otra manera, dado que si el presupuesto 2017 violenta la Constitución, también lo harían los de los años venideros si no se corrigen los vicios que llevaron a la inconstitucionalidad de dicho presupuesto.

Otro aspecto al que debe prestarse especial atención es el de la deuda flotante, pues nuestra Constitución la autoriza para remediar deficiencias temporales de ingresos, lo cual también está plasmado en la sentencia de inconstitucionalidad en comento. Al respecto, el problema es que la deuda flotante o de corto plazo, por ejemplo la emisión de LETES, se ha venido utilizando para cubrir gasto corriente y no para lo que señala el artículo 227 Cn., por lo que esta práctica también debe corregirse cuanto antes.

La sentencia de inconstitucionalidad del Presupuesto 2017 brinda una oportunidad muy valiosa para ordenar las finanzas públicas y para mejorar la transparencia en el país. Es importante que el Gobierno y la Asamblea Legislativa terminen con la práctica de aprobar presupuestos contrarios al orden jurídico, pues además de ser una vulneración al Estado de derecho en abstracto, acarrea desmejoras concretas al bienestar de los salvadoreños.
 

Tags:

  • presupuesto 2018
  • finanzas publicas
  • deuda
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