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Presupuesto, instrumento de política

El Presupuesto General de la Nación aglutina los presupuestos institucionales de todas las entidades de la administración pública y que utilizan fondos del erario.
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De igual manera incluye transferencias a favor de entidades no gubernamentales que realizan actividades consideradas por el Gobierno como beneficiosas para la sociedad.

Dicho presupuesto responde, por lo tanto, al Plan de Gobierno y a los programas y proyectos que le dan vida a través del aparato del Estado, de ahí que la priorización de acciones de política sirve para asignar recursos públicos y resolver problemas colectivos que, por alguna razón, han sido incorporados en la agenda del Gobierno de turno.

En ese sentido, el presupuesto es un verdadero instrumento de política que, al convertirse en ley, determina la legalidad de las actuaciones de los funcionarios en cuanto a la gestión del gasto y ejecución de acciones coherentes con los objetivos perseguidos por el Gobierno.

De ahí que el Ministerio de Hacienda –por mandato constitucional– debe procurar que los ingresos públicos se destinen al desarrollo de las políticas acordadas por el Consejo de Ministros, como parte del Plan de Gobierno vigente.

Es más, para estimar los ingresos, dicho Consejo valida los macroindicadores previstos en que sustentarán dichas estimaciones, tales como el crecimiento económico, la inflación, el consumo, etcétera.

Tomando en cuenta esos datos –elaborados normalmente por especialistas del Banco Central de Reserva– y la brecha fiscal considerada manejable por el mismo Consejo de Ministros, se fijan los techos presupuestarios para cada entidad y se aprueban las políticas para la formulación presupuestaria de la administración pública, a efecto de propiciar un Presupuesto General equilibrado.

Claro está que la estimación de ingresos debe basarse en los impuestos vigentes y en la posible evolución de sus respectivas bases impositivas (consumo por tipos de productos, exportaciones, etcétera).

De igual manera deben respetarse los principios de racionalidad, universalidad, transparencia, flexibilidad y difusión; donde el primero de ellos pone el acento en la austeridad y economicidad del gasto, refiriéndose aquí al manejo probo de los recursos del Estado, tal como haríamos nosotros, a nivel individual, cuando enfrentamos restricciones presupuestarias. Tenemos que priorizar qué vamos a comprar, indistintamente de cuáles sean nuestros deseos.

Sin embargo, la racionalidad en el uso del presupuesto resulta “sui géneris” cuando se trata de decisiones públicas, tal como lo señala James Buchanan, al analizar los conflictos de intereses que dominan las decisiones de consumo de fondos estatales por parte de los funcionarios y empleados públicos.

Los contribuyentes esperaríamos que el sacrificio a que somos sometidos por el Ministerio de Hacienda, al transferir parte de nuestros ingresos al financiamiento de programas públicos, guardara relación con propósitos percibidos, también por nosotros, como meritorios; como sería mejorar las condiciones de salud y educación de personas de bajos ingresos.

Aprobar presupuestos desequilibrados o que excluyan prioridades inalienables, a la espera de persuadir luego al legislador para incrementarlos mediante la contratación de deuda, vuelve vulnerable la ejecución de cualquier Plan de Gobierno, tal como ha sucedido recientemente, donde se redujeron fondos de programas estratégicos para el Gobierno, a fin de pagar obligaciones no contempladas en el presupuesto original.

Lamentablemente, la polarización imperante en el país vuelve bastante compleja la gestión fiscal; es más, con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y poner el énfasis en el equilibrio, se supedita a un segundo plano el sentido teleológico del presupuesto como instrumento de política.

Lo ideal sería alcanzar acuerdos mínimos, de política pública, que permitieran una asignación eficiente de los recursos, preservando los programas de beneficio general para la población.
 

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