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¿Prevaricato o desobediencia?

Acciones de amparo presentadas ante la Corte Suprema de Justicia
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Acciones de amparo presentadas ante la Corte Suprema de Justicia en pleno, denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental y ahora denuncias de prevaricato interpuestas ante la Fiscalía General de la República son solo algunas de las reacciones que aún está generando la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la que se reconoce que los diputados suplentes carecen –hoy por hoy– de legitimación democrática al no haber sido electos por la ciudadanía.

En el afán por perpetuar su statu quo, algunos ciudadanos antes considerados como diputados suplentes, han querido ignorar que la Corte en pleno no tiene competencia para conocer ni resolver en materia de amparos constitucionales. En realidad, insistir en ello solo denota ignorancia inexcusable, o mala fe, o ambas. El resultado de tales acciones ha sido previsible desde un inicio.

Pero no conformes con eso, estos mismos ciudadanos ahora acuden a la Fiscalía General de la República, acusando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de haber cometido el delito de prevaricato y pidiendo se inicie el proceso de desafuero contra los referidos magistrados.

Es importante destacar que el delito de prevaricato lo define nuestro Código Penal como aquel que comete un juez que, a sabiendas, dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos. El Código Penal agrega que comete prevaricato el juez que por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta.

Lo anterior significa que para estar en presencia de tal conducta delictiva, debe existir pleno conocimiento de que se está violando la ley o que se están tomando decisiones arbitrarias claramente en contra de lo que la ley manda, o que se están falseando los hechos de manera rotunda.

La mera inconformidad con lo resuelto por un juez o el simple yerro de este al pronunciar un fallo no es suficiente para tipificar el delito de prevaricato. Debe tratarse de un vicio de tal magnitud que “queme los ojos al juez”.

Como en todos los casos, la sentencia por la cual la Sala resuelve que los diputados suplentes no cuentan con legitimación democrática puede ser compartida o puede ser criticada; eso siempre ocurre con las decisiones judiciales. Pero de eso a afirmar que existe un voluntario apartamiento de la ley o que se han falseado hechos o que se está cometiendo una flagrante injusticia, hay un enorme e insalvable trecho.

Se mire por donde se mire, es una realidad innegable que los diputados suplentes no fueron sometidos al mismo ejercicio ciudadano al que sí fueron sometidos los diputados propietarios. Por estos últimos la población votó, pero por los primeros, ¿quién?

Por otra parte, la sentencia de la Sala no hace sino reconocer que no es posible que se perpetúe la irregularidad con la que ha venido funcionando la Asamblea Legislativa al acudir a la figura de los diputados suplentes. Todos hemos sido testigos de la forma en que los diputados propietarios se ausentan sin justificación alguna, hemos sufrido las consecuencias de que la suplencia sea utilizada para realizar fraudes de ley y hemos visto cómo se ha tergiversado por completo la función que estarían llamados a desempeñar los suplentes.

Reconocemos que la figura de los diputados suplentes tiene fundamento constitucional, pero no podemos ignorar que es la misma Constitución la que establece los casos en que estos pueden participar; y no es eso lo que ha venido ocurriendo.

Los ciudadanos que han promovido la denuncia por prevaricato ya anticiparon que podrán acudir a tribunales internacionales si no obtienen los resultados esperados. Quién sabe a qué tribunales se refieren; en realidad no hay así que pierden su tiempo. Este es un caso cerrado; mejor intenten trabajar desde ya en una próxima diputación obedeciendo fielmente lo resuelto.

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