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Prevenir los crímenes y el sufrimiento por medio de la justicia

En sociedades de distintas partes del planeta han quedado profundas cicatrices y divisiones causadas por crímenes tales como ataques a civiles, asesinatos, utilización de niños soldados y violación como instrumento de guerra.
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Dentro de las salas de audiencias de la Corte Penal Internacional (CPI) y en las comunidades locales, estamos oyendo las voces de los sobrevivientes de algunos de los más atroces crímenes. Relatos de tremendas pérdidas. Relatos de un sufrimiento humano que se podría –y se debería– haber evitado. “Perdí a toda mi familia”. “Perdí mi dignidad”. “La única esperanza que me queda está en la justicia”.

A lo largo de nuestras vidas, en conflictos que incluso hoy están ocurriendo, se han planificado y ejecutado atrocidades, que han dejado un saldo de víctimas de crímenes generalizados o sistemáticos. En sociedades de distintas partes del planeta han quedado profundas cicatrices y divisiones causadas por crímenes tales como ataques a civiles, asesinatos, utilización de niños soldados y violación como instrumento de guerra. La violencia que ocurre en un lugar inevitablemente causa inestabilidad en otros. Para algunos, esto puede parecer un hecho inquietante pero lejano, pero para cientos de miles de otros, es su única realidad.

Hace 18 años, el mundo dio un enorme paso hacia adelante al asumir el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes. El 17 de julio de 1998, yo lo presencié directamente, en una conferencia celebrada en Roma. Naciones de todas las partes del mundo adoptaron en esa fecha un tratado internacional, el Estatuto de Roma, en el que se creaba la Corte Penal Internacional. Con firme determinación, los Estados, la sociedad civil y otros grupos animados por el mismo espíritu emprendieron entonces el trabajo encaminado a obtener la cantidad suficiente de ratificaciones de ese tratado para que la CPI se convirtiera en realidad. Su mandato es responsabilizar a los autores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En los años transcurridos desde entonces, se ha hecho mucho para enfrentar a esos crímenes. La CPI ha llegado a ser una robusta institución judicial. Su Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre diez conflictos en nueve países. La fiscal está analizando varios otros conflictos, con lo cual su labor se está extendiendo a varios continentes. Se han impuesto condenas por la utilización de niños soldados, asesinatos y violencia sexual. La Corte ha asegurado la participación de 13,000 víctimas en sus casos, por medio de la representación judicial. En la CPI, tenemos los instrumentos necesarios para asegurar juicios justos. Estamos comprometidos a luchar contra la impunidad y brindar justicia a las víctimas.

Se siguen cometiendo crímenes atroces. Queda mucho más trabajo por hacer. Por ello, este 17 de julio, aniversario del Estatuto de Roma y Día de la Justicia Penal International, hacemos un nuevo llamamiento a la solidaridad para trabajar a fin de lograr que la justicia sea efectiva y asegurar que esos crímenes no queden impunes.

El Estatuto de Roma reconoce que los crímenes graves amenazan a la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad y su objetivo es contribuir a la prevención de esos crímenes responsabilizando a sus autores. El apoyo para lograr ese objetivo es esencial. Necesitamos el apoyo mundial de los Estados que aún no han ratificado el Estatuto de Roma, de los Estados que lo han ratificado, y de todos los que se oponen a la injusticia.

La CPI necesita también formas específicas de cooperación para investigar y enjuiciar a los autores y asegurar el acceso de las víctimas a la justicia. Necesitamos testigos que vengan a la Corte y den sus testimonios para que los magistrados puedan conocer lo que ha ocurrido. Pedimos a todos que ayuden a la Corte a proteger a los testigos, incluso respetando su anonimato cuando ello sea necesario. Como no tenemos una fuerza policial propia, hemos de confiar en la cooperación de los Estados para hacer las detenciones. Los Estados y las organizaciones ayudan también reuniendo y preservando las pruebas, congelando los activos de los sospechosos y haciendo cumplir las condenas. El Estatuto de Roma también creó el Fondo Fiduciario para las Víctimas, que se nutre de las contribuciones de los Estados para asegurar las reparaciones y dar apoyo a las víctimas. Más de 180,000 víctimas se han beneficiado de los programas de asistencia del Fondo.

Más allá de nuestro trabajo cotidiano, a fin de alcanzar nuestros objetivos generales y enfrentar seriamente a los crímenes atroces, debe haber una respuesta unificada y comprensiva de la comunidad internacional. Hemos demostrado que hay consecuencias para los que cometen actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es nuestro deber hacer los mayores esfuerzos para brindar justicia a las víctimas de esos actos. Nada de ello podrá ocurrir a menos que los actores nacionales, regionales e internacionales se unan en su compromiso con el imperio de la ley, los derechos humanos y la justicia. Para impedir crímenes futuros, debemos establecer un marco congruente de responsabilidad.

Para quienes han sufrido daños, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de asegurar que se haga justicia. Para las generaciones actuales y las futuras, haremos los mayores esfuerzos para contribuir a evitar nuevos sufrimientos. Pedimos que todos se nos unan en esta causa.

Solo juntos podremos hacer que las esperanzas del 17 de julio sean una realidad. Solo juntos podremos construir un mundo más justo.

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