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Principio de igualdad constitucional

El art. 3 Cn. indica que todas las personas son iguales ante la ley. Debe ponerse atención que no expresa que la ley debe tratar igual a todos. El artículo constitucional es un mandato para el aplicador de la ley, no es un mandato para el que la elabora.

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José Enrique Argumedo

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La misma Constitución presenta desigualdades, dígalo si no el antejuicio que es un privilegio para los funcionarios mencionados en el art. 236. Los ministros de cualquier culto religioso y los militares no pueden formar parte de partidos políticos, tratándoseles desigual con el resto de ciudadanos. Se prohíbe la huelga de los empleados públicos, pero los empleados privados sí tienen derecho a ella. No todos los partidos políticos tienen derecho a proponer ternas para magistrados del TSE. Valga lo anterior como ejemplos.

En materia ya legal, según la Ley de Impuesto sobre la Renta a unas personas se les aplica una tasa del 10 %, a otras el 20 % y a otras el 30 %. En materia laboral, operan presunciones en favor del trabajador, según los artículos 413 y 414 del Código de Trabajo, pero no favorables al patrono. En el Código Procesal Civil y Mercantil se tiene el proceso común, así como el proceso ejecutivo y los procesos posesorios, lo que implica diversos tratamientos. Unas personas poseen pasaporte oficial y otras pasaporte diplomático, por sobre el resto de salvadoreños con su pasaporte ordinario. En el Código Civil, el tiempo para adquirir por prescripción las cosas muebles es de 3 años y en los inmuebles por 10. Se dan cuenta de que existen muchos tratamientos desiguales en las leyes y los ejemplos se pueden multiplicar.

¿Esas desigualdades en las leyes son contrarias a la Constitución? Ya se dejó señalado que la Constitución no obliga a dar tratamiento igualitario a todos, lo que lo confirma el Tribunal Constitucional salvadoreño –que existe aunque muchos lo nieguen, que es la Sala de lo Constitucional de la CSJ– al señalar en su jurisprudencia en la I 15-96 sobre la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado lo siguiente: "El mandato constitucional no significa que el legislador tiene que colocar a todas las personas en las mismas posiciones jurídicas. Pretender tal igualdad solo provocaría la aparición de disparates jurídicos –no lo digo yo, lo dice la Sala– pues la riqueza de la diversidad humana no puede ser reducida a una sola categoría". Se agrega: "Ante la imposibilidad de la igualdad universal, la técnica más recurrida para dar contenido al principio de igualdad es la fórmula helénica de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales". Ya antes en el caso I 17-95 expresó el Tribunal mencionado: "Lo que está constitucionalmente prohibido es el tratamiento desigual carente de razón suficiente". La Sala exige pues razonabilidad de la diferenciación, para evitar la arbitrariedad.

Si se trata de la fotografía de un alcalde en una papeleta de votación y no de los regidores del concejo, nos damos cuenta de que según el Código Municipal el alcalde representa legal y administrativamente al municipio, siendo "el titular del gobierno y de la administración municipales", correspondiéndole presidir las sesiones del concejo. En consecuencia no están los regidores en la misma situación que el alcalde, pudiendo darse un tratamiento distinto en una papeleta de votación. Si se quiere tratamiento igual para todos los integrantes del concejo ¿tendrán derecho a igual paga como la del alcalde? No se me responderá, porque sus funciones son diferentes. Pero entonces, si son diferentes pueden tener tratamiento diferente.

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