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Prioridades deformadas

El Estado es un concepto abstracto y, aunque lo parece, no tiene unidad.
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<p>[email protected] Twitter: @LLainezLPG</p><p>Es un conjunto de realidades distintas y, muchas de ellas, contradictorias. Si no, ¿cómo se explica que habiendo una emergencia sanitaria (el incremento desmedido de casos de dengue) los fondos “estatales” se destinen para pagar bonos a empleados judiciales? Si el Estado fuera una unidad, el Fondo General de la Nación se utilizaría de manera sensata y dirigiría los recursos a las áreas más necesitadas. Pero el Estado salvadoreño está formado por tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y recién acabamos de salir de una crisis entre la mayoría de los diputados contra un tercio de los magistrados.</p><p>Los parlamentarios muchas veces dicen que no es justo que se compare su presupuesto con el de los otros dos órganos, ya que es mucho menor. A pesar de eso, es más visible, debido a que los diputados no pueden esconder los viajes o los gastos que hacen.</p><p>Sin embargo, en el Ejecutivo y el Judicial, por tener presupuestos mucho mayores, pueden ocultar mejor esos desembolsos.</p><p>Además, las prioridades de los políticos no son las mismas que las de los ciudadanos. Responden a lealtades, compromisos y cálculos muy particulares.</p><p>Volvamos al caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El pago de un nuevo bono de $200 a cada uno de los 9,000 empleados del Órgano Judicial supondrá un desembolso de $1.8 millones. Y en el Ministerio de Salud no declaran formalmente una emergencia porque no hay fondos para comprar los insumos necesarios.</p><p>Los magistrados tienen sus prioridades y, obviamente, no coinciden con las prioridades de los ciudadanos.</p><p>Pero no se vaya a creer que se trata de solo de los magistrados electos en agosto y los de 2006 (que estos tuvieron apoyo de los sindicalistas, una de cuyas exigencias era el pago del bendito bono de $200).&nbsp;</p><p>Los otros magistrados, los cuatro de la Sala de lo Constitucional más su compañera de camada, habían hecho lo propio antes de dejar la administración de la CSJ. Blindaron a sus máximos colaboradores y los pasaron de contratos a la Ley de Salario.</p><p>Sus puestos serán ocupados por los preferidos de turno, pero al menos dos, los exgerentes de Comunicaciones y General, quedarán al menos como asesores de uno o dos de los cuatro, con sus salarios gerenciales intactos, pero con otras funciones.</p><p>En la Asamblea Legislativa, el órgano políticamente más activo (porque el ejercicio se hace sin ninguna máscara), vemos las bancadas parlamentarias llenas de activistas, contratados para pagar favores.</p><p>En la última campaña electoral, por ejemplo, el único y solitario diputado de CD, por ejemplo, explicó que no tenía 20 asesores como había trascendido, sino “solo” 18... y si eso pasaba con una bancada de uno, ¿qué no pasará con las bancadas mayoritarias de FMLN y ARENA, por no decir de GANA y CN, los aliados del Frente?</p><p>Otro ejemplo extremo es el TSE, donde funciona desde hace años “el sistema de claves”, mediante el cual las plazas y gerencias están distribuidas en cuotas de acuerdo con el peso político de los partidos.</p><p>Si algo bueno podemos sacar de esto es que al menos hay compromisos políticos que son muy bien saldados.</p><p>&nbsp;</p>

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