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Privatización de la salud

Pero los funcionarios del FMLN en cargos de dirección institucional han privatizado SUS servicios médico/hospitalarios de salud. Despreciando el servicio público contratan seguros privados de salud por millonarias cantidades.
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En las declaraciones públicas y privadas de la gente militante o simpatizante del FMLN es notorio el sesgo en contra de lo privado. Cualquier cosa que suene a “iniciativa privada” es amenaza. No digamos que se llame empresa y mucho menos empresa rentable. Eso es “enemigo de clase”.

En declaraciones públicas los dirigentes, los militantes y los simpatizantes del FMLN van por la estatización. La educación pública tiene prioridad sobre la privada. La privada es cuestionable. Los servicios de salud tienen que ser públicos. Cualquier intento de prestación privada fue motivo de manifestaciones con algunos diputados del FMLN a la cabeza. En declaraciones de funcionarios públicos del FMLN, es notorio la prioridad que le dan a lo estatal y los esfuerzos por someter y hasta ahogar cualquier iniciativa privada.

Se vale apoyar lo privado siempre y cuando sean “de los excluidos” del sistema. Se vale apoyar aquellos que “demuestran que el sistema margina”. Se apoyan ¿por cuestiones ideológicas o por convicción? Se pregunta porque el empeño político/partidario se concentra en el “ingenio creativo” para diseñar requerimientos, procedimientos, formularios, firmas y más, que ahogan la iniciativa privada por el costo para justificar la burocracia.

El caso de EDUCO es ejemplar. A los padres y madres, todos privados, se les negó el derecho del control y la supervisión del servicio educativo. Su interés fue el de asegurar que el docente se presentaba los días y horas contratadas. Su compromiso fue que los hijos e hijas asistieran a la escuela. De esto dependía la renovación del contrato. Y esto no gustó.

El gobierno del FMLN negó el derecho y la responsabilidad a los privados, a todos esos padres y madres que por años se empeñaron en mejorar las condiciones de la educación con esfuerzo propio. El derecho que prevalece es el de los docentes, especialmente de los militantes, el derecho del niño y niña es secundario, todo debe estar bajo el control estatal y... cerraron el programa.

En otros sectores hay casos similares. En la administración de agua, quema las manos y las mentes con solo mencionar “privado”. El peso del Estado se impone con leyes y con decisiones. Se impone a cualquier iniciativa privada, con fines lucrativos y sin fines lucrativos. Aunque debe aclararse. Si los dirigentes en organizaciones “sin fines de lucro” actúan como fachadas partidarias, ellos son “otra categoría”. Ellos tienen un trato diferenciado, ¡hasta pueden obtener financiamiento de la Asamblea Legislativa!

Si son ideológicamente afines y partidariamente rentables, se vale coordinar y apoyar. Si existe duda sobre su simpatía ideológica, hay que controlarlas al máximo, sofocarlas y hasta eliminarlas. Esta contradicción conceptual e “ideológica” se percibe en todos los ámbitos. En las pensiones no resisten el ahorro privado y mucho menos la administración del ahorro previsional por instancias privadas. Quieren eliminar a las administradoras privadas. Quieren que todo sea estatal.

En el transporte público, se concesiona sin cumplir las exigencias constitucionales si los empresarios son afines al partido. Allí pueden funcionar como privados y lucrarse “legítimamente”. En caso contrario, la concesión es una privatización y esto es tabú porque “afecta al pueblo”. Allí está el Puerto La Unión para confirmarlo.

Pero los funcionarios del FMLN en cargos de dirección institucional han privatizado SUS servicios médico/hospitalarios de salud. Despreciando el servicio público contratan seguros privados de salud por millonarias cantidades. Usan los seguros privados de salud sin importarles las consecuencias del abuso. Total, ellos no pagan. Lo pagan los contribuyentes.

En el año 2012, con el FMLN en el gobierno, gastaron $20 millones en seguros privados de salud. En 2016 gastaron $39 millones en seguros. En la Asamblea Legislativa, en ocho meses, se gastaron $1.6 millones en seguros. Una sola una institución, CEPA, se gastó $460 mil en seguros de salud y hospitalarios. Y en el ISDEM, en donde se quejan por el FODES, un solo alcalde del FMLN, siendo presidente de esa institución, gastó $60,800 en seguro médico/hospitalario. ¿Cuál es la justificación de semejante gasto?

Esos gastos onerosos en seguros privados médico/hospitalarios reflejan o un lastimoso estado de salud o irresponsabilidad total en el manejo de seguros de médico hospitalarios. No dudo que las aseguradoras tienen un buen nicho de mercado con los funcionarios del FMLN. Ahora prefieren servicios privados. Pero... el costo del uso irresponsable es muy elevado para la sociedad.
 

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