Privilegiados sin dinero

Las declaraciones del ministro de Hacienda son claras. El país no tiene responsabilidad de pagar las pensiones de los empleados de la Fuerza Armada.
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El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) está en aprietos. Surge en el año 1980, durante la Junta Revolucionaria de Gobierno. Su decreto legal ha tenido 8 reformas y la versión de 2011 está en la página web.

Es una “institución autónoma de derecho público, de crédito, con personalidad jurídica y con recursos propios”. El objeto del IPSFA es “la realización de fines de previsión y seguridad social para los elementos de la Fuerza Armada”.

La previsión es el “sistema de financiación para respaldar a los individuos ante determinadas situaciones de necesidad como son el desempleo, fallecimiento, jubilación, enfermedad, etc. La seguridad social se orienta a cubrir necesidades como la salud, la vejez y la discapacidad de las personas afiliadas a un sistema”.

El régimen del IPSFA se aplica a “todo militar, funcionario o empleado que está de alta en la Fuerza Armada, cualquiera sea su forma de nombramiento”. Y ¿cómo financian los afiliados al IPSFA su previsión para la seguridad social? Con el 8 % del total del salario del afiliado pero el afiliado aporta solo el 4 % anual durante toda su vida laboral, el resto son finanzas públicas.

Al cumplir 25 años de servicio puede pensionarse y recibe, de manera vitalicia, el 80 % del salario devengado; si se pensiona a los 26 años, recibe el 84 %; si lo hace a los 27 años, recibe el 88 %; si lo hace a los 28 años, recibe el 92 %; si llega a los 29 años, recibe el 96 % de su salario y si llega a los 30, recibe el 100 % de su salario. Y esto lo hace con una contribución del 4 % anual de sus ingresos de toda su vida laboral.

Legalmente la pensión mínima es de $300.00 y el Consejo Directivo tiene la competencia de aumentarlo con base en estudios actuariales. Reciben aguinaldo similar al decretado por el gobierno. Además de la pensión por retiro, tienen fondo de retiro con un aporte del 3 % del afiliado y 3 % del Estado; seguro de vida con un aporte de 1.5 % del afiliado y 2.5 % del Estado. Tienen pensión por invalidez, tienen pensión de sobrevivientes y tienen auxilio de sepelio.

Tienen también beneficios especiales como préstamos hipotecarios, personales y educativos; tienen proyectos inmobiliarios y son corredores de bienes raíces. Tienen un hotel, 6 fincas, 8 terrenos y una casa. Y los afiliados pueden disfrutar de áreas recreativas y de esparcimiento en Amatitán, Kilo 14 y Rancho Costa del Sol. Las prestaciones legales que tienen los afiliados al IPSFA son amplias y privilegiadas.

En la administración del patrimonio, el IPSFA tiene “exención de impuestos, tasas y contribuciones fiscales y municipales, establecidos y por establecerse, que puedan recaer sobre sus bienes muebles, inmuebles, sus rentas e ingresos de toda índole y procedencia, inclusive donaciones”.

También están exentos “de toda clase de impuestos, derechos, tasas, incluyendo aduanales y consulares, contribuciones y recargos sobre la importación de vehículos automotores, equipo, maquinaria, artículos y materiales necesarios para fines del IPSFA” y aquí, el término es amplio.

En el año 2014, el IPSFA reporta alrededor 6,400 pensionados con pagos de $41.8 millones. El monto promedio de pensión es de $6,500. El mismo año reporta 10,500 pensionados por sobrevivencia con pagos por $12.2 millones. El monto promedio es de $1,160. No hay estadísticas más recientes, pero con sumas y divisiones, cualquiera concluye que el sistema es privilegiado e insostenible.

En 1996 se creó el Sistema de Ahorro para Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal. Y con millonarias razones, los trabajadores públicos de la Fuerza Armada se ampararon a sus privilegios previsionales de autonomía e independencia dentro del sector público.

Las prestaciones a los trabajadores públicos que no son los de la Fuerza Armada aunque todos sirven a la patria. Los excluidos de la Fuerza Armada tienen, si bien les va, pago de las pensiones de vejez, invalidez común y de sobrevivencia. Aportan individualmente el 6.25 % de su salario y el empleador, el 4.55 %. Y nadie sueña el 100 % de pensión especialmente ahora que el gobierno quiere ponerles mano.

Las declaraciones del ministro de Hacienda son claras. El país no tiene responsabilidad de pagar las pensiones de los empleados de la Fuerza Armada. Hay que preguntar: ¿Cuál es la diferencia con los otros servidores públicos? ¿Qué justifica esos privilegios históricos que los tienen en crisis?

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