Probidad, una deuda que ha vuelto a quedar pendiente

Por el Imperio del DerechoLa Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) fue decretada en 1959. Por décadas permaneció aletargada. Su ejecución se encomendó a la Sección de Probidad, que debía recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
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Esas declaraciones se mantuvieron como materia reservada, pero en 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) levantó el velo y obligó a que se entregaran versiones públicas de las declaraciones de probidad que requirieran los ciudadanos.

El IAIP continuó avanzando con el apoyo de la Corte Suprema y de la Sección de Probidad, realizando y publicando las auditorías sobre el patrimonio de los funcionarios bajo su vigilancia. Luego, los ciudadanos, siempre a través del IAIP, terminaron por detonar la aplicación de la LEIFEP. La Sección de Probidad y la Corte Suprema comenzaron a tomarse en serio su papel, ordenando iniciar los primeros juicios por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía hizo lo propio.

En 2015, a iniciativa de ciertos diputados, se presentó la Ley de Probidad Pública (LPP), que sustituiría a la LEIFEP. Era una exigencia ciudadana actualizar la legislación, pero en el seno de la Asamblea Legislativa se comenzó a desviar el cauce y se inició la elaboración de un traje a la medida de los diputados, como una forma descarada de detener los avances que se habían generado. Por ejemplo, aunque la LPP incluía valiosos aportes en pro de la lucha contra la corrupción, eliminaba los juicios por enriquecimiento ilícito.

Con eso se intentaba acabar con la primavera de probidad iniciada, y por eso el 22 de diciembre de 2015, varias instituciones manifestamos públicamente nuestro total rechazo a la inconstitucional Ley de Probidad.

En 2016 se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad contra la LPP. El Equipo Gestor de la Ley de Probidad –del cual participamos– promovió una de ellas. La Sala de lo Constitucional admitió las demandas y ordenó que quedara en suspenso la vigencia de la LPP, aplicándose provisionalmente la antigua LEIFEP.

Fue esperanzador que se detuviera el obstáculo que la Asamblea impuso a los avances en materia de probidad, pero la alegría duró poco, pues el ímpetu de la Sección de Probidad y de la Corte comenzó a desacelerarse. Hay varios informes listos, de importantes funcionarios, en los despachos de la Corte, pero transcurrió todo 2017 y la Sección de Probidad y la Corte volvieron a un silencio injustificable. No sabemos por qué.

La semana pasada, la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia de inconstitucionalidad de la LPP. Dijo que, tratándose de la regulación de una materia exclusiva de la Corte Suprema, la iniciativa de ley debió haber venido de esa entidad y no de diputados de la Asamblea, y que es un fraude a la constitución, haber eliminado la facultad de la Corte de ordenar la apertura del proceso civil. En consecuencia, por hoy continúa vigente la antigua LEIFEP.

Es bueno haber expulsado una ley sin dientes, hecha a la medida de la corrupción. Pero de poco sirve haber removido la LPP, si la inacción o quién sabe qué continúa obstaculizando los casos de probidad pendientes. La Sección de Probidad y la Corte deben despertar ya, y retomar el buen trabajo que demostraron hace algunos años. Se los exigimos enfáticamente.

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