Probidad y la coordinación institucional

En julio de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública determinó que debían ser públicas las declaraciones de probidad.
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En ese momento no se alcanzó a vislumbrar que tal decisión terminaría por detonar un movimiento institucional contra la corrupción. La Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFE) estaba vigente desde 1959, pero no fue sino hasta el año pasado que de verdad comenzó a aplicarse. En efecto, hace pocos meses la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia inició auditorías a algunos funcionarios, y luego estas se elevaron al conocimiento de la Corte en pleno.

Hasta hoy, la Corte en pleno ha ordenado que se inicien procesos civiles de enriquecimiento ilícito contra un exdirector del ISSS, un diputado en funciones y dos expresidentes. Mientras tanto, la Sección de Probidad continúa auditando a otros funcionarios, de manera que la lista podría ampliarse.

Tales casos se han remitido a cámaras de lo Civil. Estas, al recibir los casos de la Corte, deben pedir la intervención del fiscal general de la República. De ese modo, en tres de los cuatro casos que ya están bajo el conocimiento de las cámaras, se han otorgado 20 días hábiles al fiscal general, como representante de los intereses del Estado, para que presente las respectivas demandas.

En las demandas, la Fiscalía deberá formular la relación de hechos, exponer su argumentación jurídica y ofrecer las pruebas que fundamenten su acusación. Ante casos tan complejos como los que está activando la Corte en pleno, es innegable que el plazo otorgado por la ley queda corto; más aún si la Fiscalía no cuenta con suficiente información respecto a esos casos. No hay que perder de vista que hasta el momento, han sido la Sección de Probidad y la Corte en pleno quienes han desarrollado esas investigaciones sin intervención de la Fiscalía.

De ahí que advertimos que es necesario que la Sección de Probidad, la Corte en pleno y la Fiscalía establezcan mecanismos efectivos de coordinación institucional, tanto para los actuales casos como para los que puedan generarse en el futuro. Las decisiones que hasta hoy ha adoptado la Corte en pleno son solo pasos preliminares en los procesos civiles de enriquecimiento ilícito. Será hasta que las cámaras emitan las sentencias cuando se determinará si los sujetos investigados se enriquecieron ilícitamente o no. Por ello es fundamental que la Fiscalía tenga las condiciones adecuadas para preparar casos sólidos.

Si por las limitaciones que enfrenta la Fiscalía se presenta una demanda deficiente, se corre el riesgo que se caiga el buen trabajo que hasta ahora se ha realizado desde el Órgano Judicial. Por ello, hoy más que nunca, la Fiscalía necesita el apoyo de la Sección de Probidad, de la Corte en pleno e incluso del Órgano Legislativo que eventualmente tendrá que considerar si debe reforzar presupuestariamente a la Fiscalía, a fin de que esta realice adecuadamente su trabajo.

Mientras no contemos con una mejor Ley de Probidad, pensamos que debe analizarse la factibilidad de incorporar al equipo de la Fiscalía en todas aquellas auditorías donde comiencen a evidenciarse indicios de enriquecimiento. Así, de generarse nuevos requerimientos de demandar, aquella tendrá más elementos para presentar un buen caso en esos 20 días hábiles.

También sugerimos que la Fiscalía prepare un equipo especial con sus mejores fiscales para atender los casos de Probidad y le exhortamos a que si se advierte indicios de un ilícito penal, inicie oficiosamente las respectivas investigaciones penales. Finalmente recomendamos a los medios de comunicación y a los ciudadanos que recuerden que mientras los investigados no sean oídos y vencidos en juicio no puede calificárseles como culpables. Eso es fundamental en un Estado de derecho.

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