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El desprestigio de la política partidaria salvadoreña es general
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Y no es temprano para admitirlo cuando la caja de Pandora apenas se va abriendo. Hasta hoy solo se sospecha que tenemos un poco del narco en la política.

Si el suprapoder que está vitaminando a nuestro Órgano Judicial llega hasta su destino, entenderemos por qué el olor a cloaca en la Asamblea Legislativa, por qué hay jueces que viven como sultanes y por qué varias porciones del Ejecutivo parecen diseñadas para fracasar.

Nuestro Estado llegó hasta esta calamidad, la de instituciones sometidas a intereses de privados, algunos de ellos de inspiración mafiosa, gracias entre otros al triste papel de los partidos políticos de los últimos 25 años, noble listado que abarca al FMLN, ARENA y a una miríada de partidos parásitos.

Tres amenazas acecharon a nuestra gente desde la firma de la paz: la delincuencia, la corrupción y la impunidad. La primera campea rampante a la fecha, porque la mayor parte de nuestra población continúa excluida, en una marginalidad de la que todos debemos avergonzarnos. Las expresiones políticas del poder fáctico, ARENA a la cabeza, le confiaron, confían y confiarán la solución a esa tragedia al Estado, siempre y cuando lo haga con las sobras de la recaudación fiscal. No más feliz ha sido la acción del FMLN, que una vez hecho con el control del aparato público no supo producir una diferencia decisiva en el sino de la población más vulnerable y se ha conformado con un asistencialismo digno de los gobiernos del PCN.

La corrupción es una vieja tara nacional, la otra cara del papel que la administración pública jugó desde el gobierno de Rafael Zaldívar hasta la fecha, siempre proclive a fungir como el mayordomo de los terratenientes y no como el garante de los intereses del soberano. Conforme la transformación del entorno, el corruptor ha cambiado. Ahora no es solo un privado nacional o extranjero que desea proveer al Estado en posición ventajosa o brindarle un servicio sin competir debidamente, ni someterse a licitaciones y otros controles, sino grupos que se enriquecerán defraudándolo o delincuentes en busca de protección, ralea que ya incluye a señores de la droga.

En el parto de la corruptela, ARENA y FMLN demostraron ser igual de prolíficos, con funcionarios de todos los tamaños entregados a la defraudación del erario. Ninguna de esas cúpulas tiene solvencia moral para hablarle de transparencia a la ciudadanía viéndole a los ojos.

Claro, no hay sociedad democrática inmune a la delincuencia ordinaria, ni siquiera a la delincuencia no convencional. Y en la medida que se relativiza la importancia de la ética dentro de la función pública, también es cierto que la corrupción resulta inevitable. Pero si los organismos contralores ya no se toman ni la molestia de simular, se instala un contraorden, una subversión del Estado. La impunidad.

Sobre esos tres ejes, delincuencia, corrupción e impunidad es que el crimen organizado instala su sucursal en el país que lo permita. En el caso salvadoreño, ninguna de las fuerzas políticas combatió de modo unívoco para fortalecer la justicia, detener a los corruptos de entre sus filas ni terminar con la lesión de los intereses nacionales, ante la aparición de nuevos e inexplicables actores de la actividad económica.

Les dimos las llaves durante un cuarto de siglo, se enriquecieron ellos y se empobreció nuestra democracia.

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