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Profesionalicemos el servicio público

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El Estado necesita profesionalizar el servicio público; eso es una realidad irrefutable. Durante años, las instituciones estatales se han utilizado para pagar favores políticos, albergar a simpatizantes partidarios con un salario atractivo o recibir con brazos abiertos a familiares y amigos de los jefes de turno. Estas prácticas profundizan aún más las serias deficiencias de las que adolecen estas instituciones, pues en un puesto público no está quien realizaría el mejor trabajo, sino quien tuvo la suerte de caer en la silla.

Esto es precisamente lo que la Ley de la Función Pública pretende regular. La semana pasada el CEJ suscribió la creación del denominado Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, con la firme convicción de que El Salvador necesita una pronta y completa reforma en esta materia; con esta ley se busca la profesionalización del servicio público, que las personas que trabajan para el Estado se encuentren debidamente capacitados, para que eso se traduzca en una buena administración y en servicios de calidad para la ciudadanía.

Además, dicha ley ayudaría a centralizar la diversidad de normativa laboral que rige a los servidores públicos, unificando conceptos, derechos, deberes y prohibiciones, régimen laboral, tipo de personal, garantías de la carrera administrativa, regulación de sindicatos, entre otras cuestiones, que brindarían claridad ante la multiplicidad de normas ahora existentes. Existiría un único procedimiento sancionatorio, lo cual brindaría seguridad jurídica tanto a trabajadores como a la misma administración pública.

La finalidad de este esfuerzo al que el CEJ se adscribe con entusiasmo y convicción es que se discuta y apruebe por la Asamblea Legislativa una ley en la que se establezca una carrera administrativa que premie el mérito y la honradez, que tenga a los mejores perfiles trabajando para el Estado, incluyendo buenas prácticas como los concursos públicos de ingreso y la evaluación de desempeño; con este tipo de regulación se cierran las puertas a prácticas como el clientelismo y el nepotismo.

A fin de iniciar un proceso en que esta ley sea ampliamente discutida por diversos sectores, como parte del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, solicitamos a los partidos políticos que se sumen al presente esfuerzo, iniciando una discusión transparente y completa sobre el proyecto de ley que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa.

Nos agrada haber tenido eco en la mayoría de partidos políticos y en los candidatos no partidarios que participarán en el próximo evento electoral, y no nos desanima el hecho de no haber tenido respuesta de partidos importantes como FMLN y GANA.

En el Equipo Impulsor, proponemos la creación de una comisión ad hoc que se encargue de analizar de manera minuciosa esta ley, involucre a la sociedad civil y la presente al pleno para su aprobación en el menor tiempo posible.

Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que se sume a este llamado y esfuerzo de la sociedad civil. Modernizar el servicio público no solo traerá una mejora en la calidad de los servicios prestados por el Estado, sino que también representará una disminución en la planilla estatal, el gasto que este representa y, por ende, se traducirá en un alivio al Presupuesto General de la Nación.

Partidos políticos, diputados, no retrasen más el ajuste de esta deuda que tienen con El Salvador.

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