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Propaganda electoral indebida

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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El pasado viernes 19 de febrero el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró la construcción del by-pass de La Libertad, el cual conectará San Salvador con el Puerto de La Libertad y promoverá el turismo y comercio de la zona. Dicha inauguración fue efectuada a casi una semana de las elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa, e integrantes de concejos municipales, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de febrero.

Al respecto, es importante recalcar que el artículo 178 del Código Electoral establece que durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones, ni el Gobierno de la República, ni los concejos municipales y demás entidades autónomas, podrán publicar en ningún medio de comunicación privado o estatal las contrataciones, inauguraciones de obras de infraestructura nacional o de cualquier otra naturaleza que hayan realizado, que realicen o que proyecten realizar en cumplimiento de la prestación o de los servicios de asistencia a que está obligado el Estado. Asimismo, el artículo 230 del Código Electoral establece que la contravención a lo regulado en el artículo 178 antes citado será sancionado con la destitución inmediata del cargo, la cual deberá hacerse efectiva dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación; pero que en caso de ser funcionario o funcionaria de elección popular será sancionado con una multa de un mil a diez mil colones o su equivalente en dólares. Ese acto también viola el artículo 6 letra K de la Ley de Ética Gubernamental.

Los funcionarios de gobierno no se pueden prevalecer de sus cargos para promover e invitar a la población a ejercer el sufragio por los partidos políticos a los que pertenecen o que les favorecen. Eso lo ha hecho el presidente de la República en reiteradas cuñas de radio. Tal prohibición ha sido inclusive plasmada en nuestra Constitución de la República, la cual en su artículo 218 establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada y que por lo tanto no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.

En un sistema político pluralista y representativo como el nuestro, es de fundamental importancia que se garantice un proceso electoral en el que el ejercicio de derecho y deber del sufragio sea libre, directo, igualitario y secreto, ya que de esa forma en la Asamblea Legislativa estarán representadas las principales ideologías políticas del pueblo. Lo anterior permite que exista un verdadero debate y discusión sobre los temas de trascendencia nacional, y que a través de estos se pueda llegar a consensos que busquen el bienestar social de la población en general.

No obstante lo anterior, el comportamiento del presidente de la República no solo muestra una vez más su irrespeto al Estado de Derecho y su desprecio a la legalidad, sino que también deja en evidencia su intención de consolidar ilegítimamente votos a favor de su partido político mediante el uso de recursos del Estado. Como Centro de Estudios Jurídicos condenamos este comportamiento, y exhortamos al presidente de la República a no infringir las reglas que nuestra legislación ha regulado para garantizar un proceso electoral transparente, equitativo y fiel a nuestro sistema político pluralista y representativo.

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