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Propaganda para todos y contra todos los que se requiera

Las relaciones de poder, sociales y de comunicación están trastornadas en este momento de la crónica salvadoreña de tal manera que el gobierno se niega a rendirle explicaciones a la nación y a poco está de declararla sospechosa a menos que se demuestre lo contrario o que se ponga de rodillas. Y para garantizarse la rendición del espíritu ciudadano, la clase política ha llegado tan lejos como para proscribir algunas corrientes de pensamiento, vilipendiar a quienes defienden ciertas causas y regatearle sus derechos constitucionales a la comunidad.

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Cuando todos y cada uno de los aspectos de la gestión pública se ven contaminados por la narrativa oficial, desde los grandes proyectos de desarrollo hasta las más ordinarias decisiones, cabe admitir que la propaganda le ha ganado terreno al pensamiento cívico.

El civismo es el deber ser de los ciudadanos entendido como aquellos valores positivos para el sano desarrollo de la sociedad, y que la nación en su conjunto tiene que hacer suyos, preservar y vigilar. En democracias en estado de adultez, la observación de estos conceptos de parte de una ciudadanía proactiva se traduce en exigencias de transparencia, rendición de cuentas y un estándar mínimo de gobernanza a los funcionarios. Y viceversa, cuando los actores sociales incluso ignoran sus derechos, la burocracia y la corrupción acaban convertida en una sola cosa.

La joven democracia salvadoreña correría por mejores derroteros en esta época si la población estuviese más informada acerca de sus derechos, inspirada por su calidad de verdadero soberano y empoderada frente al Estado. Pero la apertura democrática y la conquista de algunas cotas de libertad de expresión y pensamiento ni le han durado suficiente ni alcanzó a disfrutarlas sino sólo en función de la contienda electoral. De ahí que se confunda ciudadanía con el ejercicio del sufragio, que se crea que los derechos ciudadanos están constreñidos a las necesidades del gobierno y de ahí que hasta se pretenda decirle a la población lo que debe pensar en función de la narrativa y lógica de los políticos.

¿O es que acaso la sociedad no tiene algo más que ofrecer que la confrontación? ¿No hay otra categoría para los actores sociales, económicos y culturales sino la de amigo o la de enemigo del régimen? ¿Es razonable seguir creyendo que el servicio público no debe rendir cuentas hacia el común de los ciudadanos, en clave horizontal, sino sólo a una cúpula de burócratas en clave vertical?

No son preguntas retóricas aunque responderlas parezca una obviedad. Las relaciones de poder, sociales y de comunicación están trastornadas en este momento de la crónica salvadoreña de tal manera que el gobierno se niega a rendirle explicaciones a la nación y a poco está de declararla sospechosa a menos que se demuestre lo contrario o que se ponga de rodillas. Y para garantizarse la rendición del espíritu ciudadano, la clase política ha llegado tan lejos como para proscribir algunas corrientes de pensamiento, vilipendiar a quienes defienden ciertas causas y regatearle sus derechos constitucionales a la comunidad.

Lastimosamente, a fuerza de la intimidación del insulto y de músculo propagandístico, pareciera que la voz dominante en la sociedad es la de quienes sólo saben gritar, que no hay nadie que tenga otra cosa que decir o que quiera hacerlo. Por eso cada vez que se despliega todo el poder del aparato público en la satanización o persecución de ideas, personas o instituciones que reivindican el civismo en su apartado más crítico y disidente, el régimen ha podido ensañarse sin resistencia.

¿Qué más necesitará la sociedad para exhibirse como protagonista, reclamar su espacio como contrapeso a algunas políticas públicas que le han dañado y equilibrar la escena ocupando la superficie que antes defendían orgullosos las organizaciones y centros de pensamiento ya extintos? El tiempo y una posible nueva revalidación del estado de excepción lo dirán.

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