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Propongámonos como país fortalecer todas las estructuras institucionales, poniéndolas de veras al servicio de la ciudadanía representada

Lo que las instituciones y sus representantes deben tener claro sin ninguna evasiva sustentable es que sus atribuciones, definidas por la ley, no les dan poder propio, ya que el que ejercen proviene directamente y sin otras fuentes legítimas posibles del mandato otorgado por la ciudadanía.
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Entre las realidades que tienen más incidencia en la situación nacional del presente, el comportamiento institucional va ganando cada vez más relieve; y ese, desde cualquier ángulo que se tome, es un signo claramente revelador de que nuestro proceso de evolución democrática se va desenvolviendo de manera básicamente satisfactoria, aunque siempre queden muchas cosas por agregar, por enderezar y por corregir. Es indudable que la dinámica evolutiva nunca se da en forma mecánica y que lo más importante siempre se centra en el acompañamiento consciente y comprometido de los distintos actores nacionales, comenzando por el principal de ellos que es la ciudadanía.

En tal sentido, la institucionalidad va ganando protagonismo como gestora de evolución, y al mismo tiempo se vuelve objeto de atención muy especial con el propósito de ir midiendo cuáles son los defectos que la aquejan y cuáles podrían ser las amenazas que la acechan. Desde esa perspectiva, lo que ha venido ocurriendo en el país pone a las entidades institucionales en un doble escenario: por una parte, el de las exigencias modernizadoras que surgen del proceso democratizador, y por otra, el de los reclamos de buena conducta que provienen de los distintos sectores ciudadanos. Lo que la institucionalidad ya no puede es enclaustrarse en sí misma, sólo atenta como antes a los dictados del poder de turno.

Lo que las instituciones y sus representantes deben tener claro sin ninguna evasiva sustentable es que sus atribuciones, definidas por la ley, no les dan poder propio, ya que el que ejercen proviene directamente y sin otras fuentes legítimas posibles del mandato otorgado por la ciudadanía. Y al ser así lo que corresponde es poner todas las entidades institucionales en línea con los intereses de la población, y al servicio del bien común.

En los momentos actuales se ha venido haciendo patente, con más impulso que nunca, la exigencia ciudadana de que la institucionalidad en todas sus formas y manifestaciones asuma efectivamente el rol que le corresponde; y esto viene a contribuir en forma proactiva a la vitalización del ejercicio democrático. Cuando la institucionalidad se sale de control, puede llegarse a situaciones tan caóticas y patéticas como la de Venezuela.

El saneamiento constante y progresivo del cuerpo institucional va vinculado con la forma en que la política y los políticos se desempeñan en el terreno; de ahí que haya que asegurar en todo caso que dicho desempeño tenga todos los componentes de una función realmente democratizadora y confiable. Recordemos que las palabras –sean declaraciones o discursos– se las lleva el viento, y que lo único que convence y logra hacer cambios reales es el ejercicio constatable de los hechos. Y en lo que toca a la institucionalidad es ella misma la que deber dar prueba fehaciente de ello.

En nuestro país, el ciudadano es cada vez más un guardián atento al desenvolvimiento de las instituciones, y lo es por derecho propio, ya que toda la organización estatal tiene carácter representativo. Que las instituciones funcionen en forma sana y responsable es la mejor manera de asegurar que el mandato ciudadano también funciona.
 

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