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Protestas y libertad de expresión

En los últimos meses se han desarrollado una serie de protestas en ejercicio de la libertad de expresión de la ciudadanía.
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Por ejemplo, personas simpatizantes con el gobierno de turno se han manifestado en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus sentencias, impidiendo el paso de estos funcionarios a ciertas ciudades en actividades de difusión de la Constitución, y recientemente, frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, muchos alcaldes simpatizantes de la oposición se manifestaron en distintos puntos del país presionando al gobierno para que pagara el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).

En ambos casos, se ha llegado al bloqueo de importantes arterias viales y se ha llegado al punto de vulnerar derechos de terceros sin que ello parezca importar.

En el CEJ estamos conscientes de que el derecho a la libertad de expresión, manifestado a través de una protesta, se constituye como un derecho primordial en un Estado de Derecho. A través de este los ciudadanos tienen la oportunidad de someter a escrutinio las políticas o decisiones de los funcionarios en el poder. Así, la Sala de lo Constitucional ha señalado en su jurisprudencia, que el fin inmediato buscado por la Constitución, al garantizar la libertad de expresión, es generar una opinión pública libre en la que se discutan los aspectos relativos a la conducción de la cosa pública que los ciudadanos apoyan o proponen modificar.

Sin embargo, también hay que considerar que el ejercicio de un derecho fundamental necesariamente debe considerar los derechos de los demás, pues este no puede ser realizado radicalmente sin tener en cuenta la forma en que puede incidir en los derechos –igualmente valiosos– de otras personas.

Uno de los principios constitucionales que permite solucionar los problemas que se presentan entre dos derechos fundamentales es el principio de concordancia práctica, según el cual, en la solución de un problema específico, los derechos deben ser coordinados de tal modo que todos ellos conserven su contenido, y allí donde aparentemente se producen colisiones, no se debe, a través de una precipitada ponderación de derechos, realizar el uno a costa del otro.

Para el caso en concreto, los ciudadanos pueden ejercer su derecho de protesta y a la libertad de expresión sin necesidad de bloquear los derechos de los demás, tales como el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos y de funcionarios de cualquier tipo, y el derecho que tienen otros a disentir con los términos de la protesta.

El legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión debe hacerse de una manera respetuosa, con argumentación de ideas y sin que se violenten los derechos de los demás. No es necesario ni abonan en nada las expresiones grotescas o soeces; así no se construye.

En realidad es el intercambio racional de ideas el que debe permitir hacer fluir un diálogo que enriquezca y ayude a comprender las diferentes posturas, mejorando así el actuar de todas las instituciones.

Afortunadamente, El Salvador es una República libre, donde cada ciudadano puede expresar la idea que apoya de la manera que mejor le parezca, ya sea a través de redes sociales, protestas frente a instituciones públicas o en la calle.

Pero también es una República donde el ejercicio de un derecho debe tener en consideración sus propios límites y la manera en que se afecta a los demás. Por lo mismo, el CEJ considera que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de una protesta, debe existir la suficiente tolerancia, respeto a las instituciones, a sus integrantes y a los derechos del resto de ciudadanos que forman parte de El Salvador.

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